El personal del Hospital General de Tulancingo (HGT) no debió condicionar la aplicación de un método anticonceptivo a una mujer indígena a cambio de servicios, ya que es un acto de violencia obstétrica y una afectación a su libertad y autonomía reproductiva, además que podría tratarse de esterilización forzada, indicó Bertha Miranda Rodríguez, adscrita a la Red de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser), Hidalgo.
La Ley General de Salud establece que quienes practiquen esterilización sin la voluntad del paciente o ejerzan presión para que éste la admita serán sancionados con una multa de entre seis mil y hasta 12 mil salarios mínimos, y fue en el Hospital General de Tulancingo donde la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) documentó que a una paciente se le colocó un dispositivo intrauterino (DIU) sin su consentimiento.
El agravio fue cometido a una indígena náhuatl a quien se le negó la atención en el hospital de Pahuatlán de Valle, Puebla. Al día siguiente, la mujer acudió al Hospital General de Tulancingo, donde fue internada y dio a luz a una niña que presentó complicaciones que le produjeron
la muerte.
Por el hecho, el organismo nacional emitió la recomendación 58/2016 donde constata la responsabilidad de varios médicos del Hospital General de Tulancingo por la inadecuada vigilancia y dilación en la atención médica, a la víctima de 21 años de edad se le presentaron complicaciones que causaron la muerte de la recién nacida.
Además, la CNDH determinó que a la paciente se le colocó el DIU (dispositivo intrauterino) sin su consentimiento.
Para Miranda Rodríguez es lamentable que exista un acoso por parte del personal de salud a las mujeres en el momento del parto para que consientan la colocación de algún método anticonceptivo, y en caso de negarse se condicione el servicio.
De acuerdo con la recomendación, la mujer inicialmente había elegido como método de planificación familiar el preservativo; sin embargo, ante la insistencia del personal médico, quienes le advirtieron que volverse a embarazar era muy alto el riesgo para su salud, “aceptó el DIU”, después de la cirugía se le colocó este método, el cual se le salió al realizarle una limpieza, luego se negó a que se lo colocaran, pero una médica le dijo que “no se saldría de ahí hasta que se lo pusieran”.
La activista señaló que el obligar a una mujer en la Ley de Salud se sanciona; sin embargo, en este caso, primero hubo un consentimiento, pero luego se negó. “Lo grave es que fue el personal de salud quien eligió el método y no hubo un respeto a su derecho
a decidir”.