La madre de Ana Itzel Escamilla Téllez, menor de edad asesinada en mayo de 2014, Janeth Téllez Islas, criticó el posicionamiento de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) al apelar la resolución que deja sin efecto el auto de formal prisión contra su esposo, y aseguró que si en dos años que estuvo preso no acreditaron su culpabilidad, no lo harán en los 180 días que tienen de plazo para allegarse de nuevos elementos de prueba y, en su caso, solicitar su reaprehensión.

Téllez Islas demandó, además, el esclarecimiento del caso, pues al no haber un probable responsable en prisión por este feminicidio -debido a que el cuerpo de la exestudiante de secundaria tenía huellas de violencia sexual-, el crimen está impune.
“Exijo a las autoridades me den respuesta de qué pasó con mi hija, pues ese es su trabajo (…) ahora resulta que nesecitan 180 dias cuando tuvieron dos años en su poder a juan carlos escamilla y no le pudieron comprovar nada (sic)”, escribió la mujer en una cuenta de redes sociales que habilitó para dar a conocer presuntas irregularidades en la investigación del caso y el proceso penal contra el padre de Ana Itzel.
Antes, cuando el supuesto autor intelectual y material del asesinato estaba recluido en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Actopan, envió cartas al gobernador Francisco Olvera Ruiz para notificarle el proceder de las autoridades que, a consideración del abogado José de Jesús Neri Cano, podrían ser hechos constitutivos de delito.
Janeth Téllez cuestionó “cómo piensan resarcir todo el daño a mi familia”, pues asegura que en los dos años que su esposo estuvo preso perdió su patrimonio y tuvo que sacar a su hijo menor de la escuela, porque no tenía para solventar sus estudios.
Asimismo, exigió la destitución de los agentes de investigación Jesús Castro Rojo, Valentín Eduardo Vázquez Baños y del director de averiguaciones previas, Cuauhtémoc Granados, quien, afirma, le dijo que, aunque el móvil del crimen había sido “una cuestión de drogas”, no le podían realizar examen toxicológico a su marido, porque ya no saldrían los resultados de la supuesta ingesta de cocaína.
Por su parte, el litigante Neri Cano comentó que, aunque la ley contempla el derecho de apelación para la PGJEH, “no veo cómo puedan resolverlo, porque ya no se pueden incorporar más elementos (de prueba) de los que (ya) estaban. En su momento, la sala correspondiente tendrá que resolver con los elementos que obran en la causa penal, ya no se puedan integrar más.
“Él sale absuelto por falta de elementos para procesar, no lo pueden acusar otra vez porque hay un principio legal que consiste en que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Si en dado caso, suponiendo que se llegara a revocar la resolución (mediante la cual el inculpado fue puesto en libertad), nosotros interpondríamos un nuevo amparo”, anticipó.
Por las inconsistencias en el proceso de éste “y otros casos sentidos por la sociedad”, legisladores de oposición alistan un llamamiento al procurador Alejandro Straffon Ortiz.
La presidenta de la Comisión de Equidad y Género, Imelda Cuellar Cano, expuso que, si esta persona era responsable, las irregularidades permiten su libertad, mas, si no lo es, pasó dos años recluido por un crimen que no cometió. En ambos casos, recalcó, el asesinato está impune.