“No era el cuerpo de mi hermana”
 
Hace (80) meses
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Cuando tenía 15 años, Icsayori conoció el Servicio Médico Forense (Semefo). Fue a identificar el cadáver que presuntamente pertenecía a su hermana Ana Itzel. Días después comenzó a ser hostigada por agentes de la Coordinación del Grupo Homicidios, para que declarara que su padre tenía “conductas inadecuadas” con ella y con su hermana.

“Estaba más chica, yo desconocía muchas cosas, no tenía conocimiento que probablemente era un acoso.

“No lo sentía yo como un acoso, era como colaborar con la información. En su momento no se vio de esa forma, es cuando uno conoce todo: sus derechos, que se da cuenta que incurrieron en una falta”, relató, con la voz entrecortada

“Fue difícil, sí. Se vivieron muchas cosas, se sufrió muchísimo, pero, bueno, uno aprende a (tener) valor”.

El 19 de mayo de 2014, su hermana Ana Itzel Escamilla desapareció. El cuerpo, presuntamente de la menor, fue localizado en una construcción del ejido Tilcuautla, en San Agustín Tlaxiaca.

Un mes después, el 23 de junio, su padre, Juan Carlos Escamilla Rodríguez, fue detenido, acusado del homicidio de la menor. Estuvo dos años en prisión hasta que fue liberado el 15 de junio de 2016 por falta de pruebas.

Los agentes, relató Janeth Téllez Islas, madre de la joven, intentaban persuadir a Icsayori para que declarara que su padre “las tocaba” y eran víctimas de acoso sexual.

“La subían a los vehículos, querían convencerla de testificar”. El hecho fue documentado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) en el expediente CDHEH-VGJ-1887-14.

Luego de la detención de su padre, Icsayori dio a conocer, en un video, que los agentes Jesús Castro Rojo, Valentín Vázquez y Miguel Ángel Lozano –adscrito, en 2014, al área Contra la Vida y la Salud Personal, mesa III– habían amenazado a Juan Carlos para que se declarara culpable, y a ella la habían hostigado.

En ese audiovisual señaló que en caso de que a su familia o a ella le pasara algo, hacía responsable al agente Jesús Castro.

A pesar de que la CDHEH recomendó a la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) que investigara a los agentes, y que hace un año, aseguró Janeth Téllez, le informaron en el Centro de Control, Comando y Comunicación (C4) de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) que serían destituidos del cargo, no sucedió.

“Hace poco fuimos otra vez al C4. Unos dijeron que el expediente ya no estaba ahí, que ahora estaba en contraloría interna en PGJH”.

Sin embargo, al ser insuficiente y limitado el alcance del organismo, su familia, ella y su esposo iniciaron una carpeta de investigación hace tres meses, de la cual reservaron el número.

“Sólo buscamos justicia y que quienes me torturaron no sigan laborando en la procu. Ellos siguen ahí,” insistió Juan Carlos.

En la carpeta, refirió, señala a cuatro funcionarios: un agente del Ministerio Público, el secretario de Acuerdos y dos agentes de investigación: Jesús Castro Rojo y Valentín Eduardo Vázquez.

Estos últimos, “a pesar de que tienen por lo menos una recomendación de la CDHEH por prácticas de la tortura”, siguen laborando en la dependencia, aseguró el defensor de la familia Escamilla Téllez, Carlos Pratts.

“Hace poco le dije a mi hija Icsayori: ¿te acuerdas, hija, de los señores que te subían a las camionetas para que declararas en contra de tu papá? Pues siguen laborando en la procuraduría”.

“Los señores”, como se refiere Janeth Téllez a estos elementos encargados de investigar crímenes, acumulaban 29 quejas en la Comisión de Derechos Humanos por tortura, tratos inhumanos y crueles hasta la fecha de liberación del presunto autor material del asesinato de Ana Itzel.

Castro Rojo fue acusado de posible violencia contra una mujer, a quien, un mes atrás, se le había practicado una cesarea, pero fue detenida en su domicilio, en Zempoala, sin presentar orden, de acuerdo con el expediente VGJ-2380-12 de la CDHEH, en el cual el hermano de la “inculpada”, quien inició la queja, narra que resguardó al recién nacido y a otro menor de tres años que se encontraban en el domicilio durante la intervención policial.

Contra Vázquez Baños se emitió la recomendación R-VGJ-0010-13 por tortura de una persona que tuvo lesiones en el ojo y en la clavícula derecha a consecuencia de los golpes que, denunció, le propinaron para se declarara culpable de ser “halcón” de Los Zetas.

“Le tronaron la clavícula y declaró puras tonterías aceptando lo que ‘ellos’ le decían”, refiere el expediente de la CDHEH sobre el caso de este hombre que fue detenido en plaza Juárez, sin orden de aprehensión, el cual obtuvo Criterio, al igual que la relatoría de acusaciones, como respuesta a una solicitud de información (folio 0131816) dirigida a la comisión.

Asimismo, solicitó al organismo autónomo conocer si entre 2016 y 2017 estos agentes acumularon más quejas; sin embargo, argumentó que era información muy específica que sólo podía proporcionar mediante otra solicitud que debería ser ingresada en la Plataforma Nacional de Transparencia, con plazo de respuesta de 20 días.

REABREN CASO; SANCIONES IMPROCEDENTES

La familia de Ana Itzel Escamilla Téllez, por medio de su defensa, solicitó a la fiscalía la reapertura del caso. Hace un mes, el expediente 12/SPM/758/2014 fue asignado a la mesa de delitos contra la vida y la salud I para iniciar con las indagaciones.

Janeth y Juan Carlos, relataron, acudieron sin sus hijos, ya que a ellos aún les resulta doloroso. Fue cuando coincidieron con los agentes, quienes, afirman, cuestionaron a Juan Carlos si “quería
otra madriza”.

“Fue un año de trabas para darnos el expediente. Fuimos a la procu para que ellos lo solicitaran, pero nos dijeron que debíamos ser nosotros quienes debíamos ir con el Ministerio Público de Actopan –debido a que el cuerpo de Ana Itzel fue hallado semienterrado en un ejido de Tilcuautla, en San Agustín Tlaxiaca, que corresponde a ese distrito judicial–. No supimos dos meses del expediente, hasta que hablamos con el abogado Alberto Huerta, del Tribunal Superior de Justicia, y él ayudó a su localización”, narró Téllez Islas.

Cuestionado sobre los casos de agentes señalados por su probable responsabilidad en tortura, el fiscal Ramiro Lara Salinas respondió que, pese a la recurrencia de 21 quejas contra Castro Rojo y Vázquez, “hay una presunción de inocencia”; asimismo, reconoció que “probablemente sigan laborando en la procuraduría, no te lo puedo asegurar, pero seguramente es así.

“Una recomendación no quiere decir que se compruebe el delito de tortura, pero hemos dado seguimiento a diez recomendaciones”, justificó.

La procuraduría, que comprometió una investigación en junio de 2016, cuando Juan Carlos Escamilla fue liberado, no proporcionó número de procedimiento iniciado contra sus trabajadores. Veintitrés meses después, no
hay resolución.

Sobre el homicidio de Ana Itzel (averiguación 12/SPM/758/2014), el procurador indicó que “agotan” las líneas de investigación. Para ello, dijo, están en “constante comunicación” con la familia Escamilla Téllez; sin embargo, consideró que el caso es “complicado” debido al tiempo que ha transcurrido.

Entre 2014 –cuando la PGJEH informó del asesinato de Ana Itzel– y 2016 –año de liberación del presunto responsable de ese crimen– la fiscalía inició 240 carpetas de investigación por cuerpos de mujer localizados en canales de aguas negras, en parajes o carreteras, con huellas de tortura o los miembros desprendidos; 101 fueron clasificados como feminicidios.

Asimismo, en ese periodo,  otros 31 casos de mujeres asesinadas integran el mismo número de averiguaciones previas por feminicidio. El total, por lo tanto, fue de 132.

Lo anterior representaba que, en promedio, cada diez días aparecía un cadáver femenino en Pachuca, Atotonilco, Tlanchinol, Cuautepec, Ixmiquilpan, Epazoyucan, Tula, Zempoala, Tulancingo, Mineral de la Reforma, Atitalaquia, Tezontepec, Alfajayucan, Agua Blanca, Huehuetla y Huejutla, según un informe estadístico que proporcionó la fiscalía.

Los hermanos de Ana Itzel, Icsayori Belén (18 años de edad) y Aldo Israel (16 años), dicen que esperan se hagan justicia. Los tres años transcurridos desde el hallazgo del cuerpo han sido “difíciles”, porque tuvieron que cambiar de casa, de Santa Catarina, que pertenece a Tornacuxtla, a El Huixmí, donde se sienten más seguros, ya que tienen familia.

Aldo dijo que se tuvo que dar de baja en la escuela para ayudar a su madre con el gasto de los abogados. En diciembre, en una reunión que tuvieron con el gobernador Omar Fayad, según Janeth, el mandatario les prometió una beca, que aún no recibe.

Icsayori Belén estudia Enfermería y, afirmó, desea continuar sus estudios.

“Ha sido doloroso y muy difícil”, expresó, pero confía en que su familia conozca la verdad de lo que pasó con su hermana.

En el video que grabó tras la muerte de Ana Itzel, relató que personal de la procuraduría le enseñó fotografías, parte de su cabello, de su dentadura.

“Yo reafirmó que no era, pero dentro de mí todo era confuso, y mis papás estaban devastados. Cuando acudí al Semefo mis papás entraron con la doctora y se dijo que era su cuerpo, y ese día pues exigimos el cuerpo”.

Feminicidios, sin sentencia

En 2013, cuando el Legislativo tipificó el feminicidio (26 de marzo) tras los asesinatos de siete mujeres en la primera sección de El Llano, en Tula, cuyos cuerpos tenían signos de tortura y violencia sexual (entre noviembre de 2012 y enero del año siguiente), la procuraduría inició procesos por 11 de estos delitos. De ese entonces, sólo hay cinco sentencias, lo cual significa que por seis crímenes aún no hay justicia para las víctimas.

En 2014 –cuando desapareció Ana Itzel– el número subió a 19; sin embargo, únicamente hubo ocho condenas por ese delito en la entidad.

En cuatro años y cuatro meses, desde que el feminicidio fue incluido en el código penal, 23 personas han sido sentenciadas; sin embargo, la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) ha iniciado 80 procesos penales; 57 siguen sin resolución.

En 2015 fueron hallados, con huellas de violencia sexual y/o tortura, 19 mujeres; 22 más en 2016, y ocho hasta el 1 de junio de 2017.

Sin embargo, sólo hay ocho sentenciadas por los crímenes de 2015, y dos por los de 2016, de acuerdo con un informe solicitado a la fiscalía.

Coordinador Áxel Chávez

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