Si los funcionarios públicos de todos los niveles no entregan su declaración patrimonial a más tardar el 31 de mayo, en automático su contrato queda sin validez y perderán su encargo, advirtió la secretaría de la Contraloría estatal, Citlali Jaramillo Ramírez.

La funcionaria estatal confirmó que a partir de 2018 todos los servidores públicos del estado, desde nivel uno, como personal de intendencia, deben presentar su declaración patrimonial, de interés y fiscal.

Los incumplidos serán sujetos de amonestaciones o sanciones a partir del 1 de junio. Dependiendo del nivel y encargo, serán sujetos de una “separación temporal o definitiva”, pues la omisión “deja sin validez los contratos laborales”.

Jaramillo Ramírez reconoció que en la burocracia estatal “hay mucha incertidumbre”, pues “la gente está “apanicada”.

 “Ha habido un poco de resistencia”, sin embargo, dijo que la rendición “es un formato sencillo”, por lo que pidió verlo como “un cuestionario de preguntas y respuestas, no es una contabilidad elaborada”.

La meta de declaraciones es 65 mil, para lo cual capacitan a 12 mil funcionarios, quienes deberán transmitir al resto de sus compañeros la forma de elaborar su 3de3.

“Llevamos (actualmente) siete mil funcionarios capacitados”, agregó.