En los últimos cinco años, el gobierno de Hidalgo ha devengado 5 millones 212 mil 937 pesos por laudos laborales. Los despidos injustificados, que propiciaron procesos judiciales para demandar el pago de prestaciones laborales y salarios caídos, datan del primer año de la administración de Miguel Osorio Chong y culminan con un caso en octubre de 2012.

No obstante, el Poder Ejecutivo aún puede gastar un millón 510 mil 344 pesos más por condenas que ya recibió, luego de que jueces acreditaran que se trasgredieron derechos laborales, pero se encuentran en amparo o proceso de ejecución. Las denuncias corresponden a los últimos dos sexenios.
La primera condena en contra que recibió el gobierno de Francisco Olvera Ruiz, en 2011, fue por 756 mil 479 pesos a pagar a un extrabajador de la entonces Secretaría de Obras Públicas, Comunicaciones, Transportes y Asentamientos que inició relación laboral el 1 de noviembre de 1991 y fue removido el 17 de noviembre de 2006. Sin embargo, acordó pagar únicamente 420 mil pesos.
Este expediente, el 23/2007, es parte de la respuesta a una solicitud de información (folio 00003516) que el Poder Ejecutivo proporcionó a Criterio, la cual también revela que en 2012 compensó con 2 millones 967 mil 718 pesos a un exempleado de la Secretaría de Salud, a quien también tuvo que reinstalar a su cargo por orden de un juez.
Por este caso, que consta en el expediente 132/2005, la actual administración pagó el mayor laudo del último quinquenio.
Ese mismo año, según el documento en poder de este medio, recibió una condena por un millón 327 mil 710 pesos por remover de su puesto, en 2006, a un empleado de la Secretaría de Finanzas –entonces a cargo de Nuvia Mayorga Delgado– con antigüedad desde 1997. El gobierno acordó con el trabajador que promovió el juicio, que consta en el expediente 248/2006, otorgarle un millón 200 mil pesos y ser reinstalado en su puesto, el cual ocupa actualmente.
En 2015 fue condenado a pagar 464 mil 555 pesos a un funcionario de la Secretaría de Educación Pública que comenzó a laborar el 16 de abril de 1999 e inició la demanda por despido injustificado en 2014. No obstante, este laudo se encuentra en amparo, pero se reinstaló la relación laboral, la cual sigue vigente.
En total, 40 empleados han demandado, desde 2006, por ser destituidos sin justificación: 13 recibieron fallo a favor y el gobierno debe pagarles una indemnización; no obstante, el proceso se encuentra en ejecución o en amparo; nueve ya recibieron su compensación por prestaciones y salarios caídos, que en total suma 5 millones 212 mil 937, y por 18 el expatrón fue absuelto de entregar alguna cantidad, pero dos promovieron amparo y el juicio continúa.