Por la compra de uniformes para reos y equipo de cómputo sin ser objeto de gasto, pago de cursos de capacitación no certificados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), adquisición de equipo táctico y una planta energía eléctrica para un penal que fueron hallados sin uso, así como la adjudicación irregular de contratos, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló al gobierno de Hidalgo un probable daño a la hacienda pública por 33 millones 419 mil 451.05 pesos correspondientes al Fondo de Aportación a la Seguridad Pública (FASP) 2015.

Ese monto representa 22 por ciento de los 151 millones 813 mil 500 pesos observados por el ente fiscalizador a 12 programas con Prioridad Nacional, de un total de 209 millones 774 mil pesos de entregado al estado.

Por ello, afirma el organismo, la entidad “no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del FASP” 2015, en agravio al cumplimiento de objetivos en materia de seguridad en Hidalgo.

Entre las irregularidades detectadas en la auditoría 1005-GB-GF se encuentra la adquisición de vestuario y uniformes para la población interna de los centros penitenciarios por 4 millones 285 mil 499 pesos, pese a que no es parte de los destinos del FASP. Además, la administración estatal no cobró 163 mil 424 pesos por concepto de penas a tres contratos relacionados a vestimenta, mismos que no fueron cumplidos en tiempo.

También adquirió, por adjudicación directa, a un costo de 2 millones 974 mil de pesos, plantas de energía eléctrica para el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Actopan, las cuales recibió del contratista fuera de plazo, pero no acreditó el cobro de penas convencionales por 196 mil 283 pesos. Durante una inspección física, la ASF observó que un aparato no se encontraba en funcionamiento por estar en proceso de instalación; de las cinco plantas restantes, “se encontraron embaladas y en resguardo del proveedor sin utilizar”.

El reporte de la auditoría añade que el estado compró por 3 millones 123 mil 629 pesos, igualmente sin licitación, equipo de cómputo, impresoras y artefactos de videograbación para la Sala de Oralidad de Segunda Instancia del Tribunal Superior de Justicia estatal (TSJH); no obstante, como establece el artículo 45 la Ley de Coordinación Fiscal, ese fondo federal no debe ser destinado a ello.

Asimismo, pagó  un millón 859 mil 900 pesos  por la impartición de cursos, los cuales no contaban con la validación de programas por parte del SNSP.

Para el mejoramiento y ampliación del auditorio Benito Juárez del TSJH, el gobierno adjudicó de manera directa un contrato por 2 millones 353 mil 300 pesos, por lo que la administración no acreditó los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que aseguraran las mejores condiciones para el estado.

En su dictamen, la ASF advierte incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que el gobierno no proporcionó la información “con la calidad y congruencia”; tampoco realizó evaluación de resultados.