Después de 720 días en prisión, Juan Carlos Esca-milla Rodríguez, quien fue responsabilizado de la desaparición y asesinato de su hija Ana Itzel Escamilla Téllez, ocurrido en mayo de 2014, fue liberado por falta de pruebas.
Tras el fallo no hay culpable en reclusión por el homicidio de la menor de 14 años de edad, debido a que no hubo otra línea de investigación. El crimen, por lo tanto, está impune.
Un juzgado federal había advertido que Porfirio Austria Espinoza, el juez responsable del caso, “incurrió en una ilegal motivación al realizar el análisis” de las pruebas (y fincar cargos), entre ellas el hecho de que, bajo los efectos de la cocaína, el señor haya trasladado a la menor -sin atarla- en una motocicleta de tamaño reducido por un camino escabroso, junto con una bolsa de ropa, una pala y un pico para cavar una fosa y enterrarla, como aseguraron en su informe los agentes de la Coordinación de Investigación de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH), contra quienes se iniciaron quejas en la Comisión de Derechos Humanos por probable tortura, amenazas, así como tratos inhumanos y crueles.
A consideración del juez federal, este hecho carecía de verosimilitud para que Austria Espinoza determinara que el padre cometió un feminicidio. Tras el primer amparo había reconfigurado el crimen como homicidio, mas estaba advertido de que, de no dictar nueva sentencia y subsanar las contradicciones podría ser sujeto a proceso y removido de su cargo, informó el abogado José de Jesús Neri Cano, a cargo de la defensa.
El miércoles 15 de junio, a las 2:30 de la tarde, el supuesto “autor material e intelectual” del crimen salió del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Actopan, donde permanecía desde el 25 de junio de 2014, confirmó su esposa Janeth Téllez Islas, quien, además, dio a conocer que tampoco se acreditó responsabilidad en el delito de “ultrajes”, por el cual había sido detenido, aunque fue procesado por feminicidio, irregularidad que ya había exhibido el juzgador federal.

“Ni que tu hija valiera tanto”
—Qué pena que le duela más la pérdida de su esposo que la de su hija—, le recriminó Jesús Castro Rojo, coordinador del Grupo Homicidios a la madre de Ana Itzel, el día que le notificaron la “culpabilidad” de Escamilla, que horas antes había sido detenido por “ultrajes a la autoridad”, pero después le atribuirían la violación, asesinato y sepultura clandestina de la menor.
“Deje las cosas como están, recuerde que tiene más hijos”, dijo a quemarropa el agente. Palabras que parecían advertencias.
—¿Qué me trata de decir?, ¿acaso me está amenazando?, cuestionó la madre, aún con el luto por la muerte de su hija y las dudas tras la captura de su esposo.
—Ni que haya valido tanto su hija—, le replicó el comandante, indiferente, pero sin perder el tono amenazante.
Esa fue la primera advertencia que recibió Janeth Islas. A esa, narra a Criterio, se sumarían otras más contra ella, su esposo y sus hijas, que documenta la Comisión de Derechos Humanos en la queja VG-1887-14, en la que también está inmerso el primer comandante de la Coordinación de Investigación de la PGJEH, Valentín Vázquez Baños, por presunta tortura y fabricación de pruebas.
El reporte que ambos funcionarios entregaron, y se sumó al testimonio de Escamilla Baños –quien aseguró haber sido golpeado para declararse culpable, mas no se le practicó el Protocolo de Estambul–, narra el traslado del cuerpo, junto con las herramientas para sepultarlo, en la motocicleta, hecho que para el juez federal no tuvo verosimilitud.
En la “confesión”, además, dice que la niña no entró al domicilio y que fue privada de la vida en la entrada del mismo; sin embargo, el juez federal hizo referencia que sí ingreso, “tan es así que su uniforme se encontraba en la casa, al igual que una tina de agua tibia”. Otra inconsistencia que se observa es que Ana Itzel, según la “versión oficial”, fue abusada sexualmente; sin embargo, si el padre no entró a su hogar, ¿fue violada a la entrada, sin que nadie lo notara? Por estas contradicciones, en el amparo 813 del juzgado tercero de distrito, se considera que Porfirio Austria no valoró de “manera íntegra las pruebas”.
El año que murió Ana Itzel hubo 19 asesinatos de mujeres cuyos cuerpos presentaron signos de violencia sexual, lesiones o mutilaciones, de acuerdo con la PGJEH. En 2015; 20. Hasta mayo de este año sumaban dos.
Al no haber en prisión alguien “penalmente responsable”, el asesinato de Ana Itzel, cuyo cuerpo fue hallado semienterrado en el ejido Tilcuautla, San Agustín Tlaxiaca –el 26 de mayo de 2014–, donde permaneció siete días hasta que fue identificado, está impune.

“Estaba drogado”, dicen; pero no hicieron prueba toxicológica

—Es una pena, pero su esposo confesó, a mí personalmente me lo dijo—, le insistió Cuauhtémoc Granados, director de Averiguaciones Previas de la PGJEH a la madre de Ana Itzel, para tratar de convencerla.

—Él lo hizo y no se arrepiente—, insistió Granados, quien argumentó que el supuesto autor del crimen estaba “bajo el influjo de las drogas”, pero que no le aplicaba prueba toxicológica porque la sustancia ya no iba a aparecer en su organismo.  “Es como si voy el fin de semana a tomarme unos tragos, hoy ya no aparece”, afirma Janeth Islas que le aseguró el funcionario.

Esta versión la contradijo el abogado, quien asegura que la cocaína, sustancia que afirman consumió el inculpado, puede detectarse hasta tres meses después, mientras que al momento de la declaración habían transcurrido 36 días desde la denuncia por desaparición.