Ni el gobierno federal ni el estatal se responsabilizan de los permisos que requiere la incineradora de la empresa Valorización de Residuos Sólidos Urbanos de México (Valorsum) en Tepojaco, Tizayuca.

Cuauhtémoc Ochoa Fernández, subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental, aseguró que el proyecto es de jurisdicción local; mientras, Benjamín Rico Mercado, secretario de Medio Ambiente estatal, ha señalado en distintas ocasiones que la industria es del orden federal y sólo cuando opere podrá ser vigilada a nivel local.

“Le corresponde al gobierno del estado los permisos, nosotros atendimos la manifestación de impacto ambiental, pero hasta ahí llegamos”, señaló el funcionario federal al concluir la presentación del Programa de Mejoramiento de la Calidad del Aire.

La empresa Valorsum es propietaria del proyecto para instalar una planta de incineración de residuos que se convertirán en electricidad, cuya primera piedra fue colocada en agosto de 2016, pero su construcción no
ha iniciado.

Según Federico Vera Copca, delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Hidalgo, la planta permanece detenida debido a procedimientos de la misma empresa y no por la oposición social de comunidades de Tizayuca y del Estado de México que convivirían con
la infraestructura.

Valorsum también opera la planta de transferencia instalada en Mineral de la Reforma, la cual fue clausurada por segunda ocasión a mediados de mayo, al incumplir la Norma Oficial Mexicana (NOM) 083, según informó la procuradora de Protección al Medio Ambiente estatal, Erika Sandra Ramírez Arce.

La incineradora de basura y la planta de transferencia son parte de un proyecto impulsado por la anterior administración estatal para la valorización de los desechos sólidos urbanos de al menos 19 municipios en Hidalgo.