A pesar de que a principios de octubre integrantes de la asociación por la Protección de la Tierra y Bienestar de Epazoyucan AC solicitaron una mesa de diálogo con las autoridades ambientales para exponer sus dudas sobre el Proyecto Pachuca, no existe voluntad de las instituciones, acusó Yolanda Ubilla Islas, miembro de la organización. Por ello analizan interponer acciones legales, como amparos contra los permisos otorgados.

La intención, expresó, es que los representantes de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional de Agua (Conagua) se vean obligados a escuchar las razones ecológicas, sociales y de salud de los inconformes, expresó.

“La negativa al traslado de jales de Pachuca a Epazoyucan tiene un argumento sustentado. Como población hemos investigado, ya que a nosotros nos afectará”, indicó.

Sin embargo, dijo, hasta el momento no hay respuesta; únicamente se celebró una mesa de diálogo con el representante de Secretaría de Gobernación en Pachuca, Efraín Ramírez Gutiérrez, precisó.

Ubilla Islas indicó que no hay una respuesta de los titulares de las dependencias ambientales, por lo que han acudido a marchas pacíficas, como la del pasado 5 de octubre, en la Semarnat, y la del 8 de diciembre, en gobierno del estado y Profepa. “La petición es que seamos escuchados”, insistió.

La organización a la que pertenece la activista ha dado a conocer que en las 400 hectáreas proyectadas para traslado de jales existe una zona forestal con un arroyo y un manantial. Su preocupación, sostuvo, es que sea contaminado por la transformación de residuos mineros en el sitio.