Cuando lo inculparon del homicidio de su hija, a Juan Carlos Escamilla le vendaron la cara, le impidieron que respirará por la nariz; al aspirar por la boca le echaron agua para que la tomara. Por minutos quedaba inconsciente. Cuando volvía en sí, los agentes ministeriales le pegaban en la espalda para que vomitara.

“Me echaron agua, me vendaron toda mi cabeza, desde nariz para arriba, y con una franela me envolvían, y por la boca me echaban agua”.

Por casos de tortura como el que él padeció, la Comisión de Derechos Humanos de Estado de Hidalgo (CDHEH) ha emitido 20 recomendaciones de 2012 a lo que va de 2017. De acuerdo con el público autónomo, tiene 15 pendientes de investigar.

Golpes, amenazas de violar a los familiares, choques eléctricos, colocar bolsas para impedir la respiración y tocamientos a las mujeres son las prácticas de agentes que se describen en los expedientes de la comisión.

El caso de Juan Carlos, quien estuvo dos años en prisión (2014 a 2016) por el supuesto feminicidio de su hija, pero se le dictó una sentencia absolutoria el 15 de junio del año pasado tras acreditarse irregularidades en el proceso, fue documentado en la queja VG-1887-14.

Sin embargo al ser insuficiente y limitado el alcance de la dependencia, el hombre inició una carpeta de investigación hace tres meses en la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH), cuyo número se reserva por las indagatorias.

“Sólo buscamos justicia y que quienes me torturaron no sigan laborando en la procu; ellos siguen ahí”, indicó.

La defensa de Escamilla, el abogado Carlos Pratts Straffon, precisó que en el proceso legal señalan a cuatro funcionarios: un ministerio público, el secretario de acuerdos y dos agentes de investigación que, a pesar de tener al menos una recomendación de la CDHEH por prácticas de tortura, siguen laborando en la fiscalía estatal.

Por el agravio a una mujer, a quien agentes de Investigación de la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro de la entidad, luego de agredirla psicológica, física y sexualmente, la obligaron a declararse culpable, el expediente R-VG-0008-16 culminó en recomendación.

La queja fue presentada por los padres de la víctima, que se encuentra en calidad de persona privada de su libertad en el Centro Preventivo y de Readaptación Social Santiaguito, en Almoloya de Juárez, Edomex, de quien se señala fue torturada para que confesara ser jefa de una banda del crimen organizado, en 2010.

En su descripción, narra, un agente le dio una cachetada y una patada en las costillas tras golpearla. Luego la jaló de la pierna derecha, le abrió ambas y le bajó el pantalón, al igual que su ropa interior. Manoseó su vagina e introdujo su mano diciéndole que la haría “ladrar como perra”.

De acuerdo con el expediente, le mordió los pechos sobre la ropa y una mujer la golpeó en la cabeza. Después vinieron las descargas eléctricas, le vendaron las piernas y el tórax, con la ropa mojada. También le mostraron fotos de sus hijos; se decidió a firmar la confesión.

A Juan Carlos, recordó, también le mostraron imágenes de sus menores y esposa, a quien, dijeron, la violarían; a los infantes, amenazaron, los llevarían al DIF. Pese a las vejaciones, no se declaró culpable, lo que no impidió que pasara dos años en prisión.