El Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) cerró 2017 con 511 casos; la presidencia de Pachuca fue el ente con más demandas en la materia, con 33.4 por ciento de las denuncias; es decir, 171 incidencias.

Según el informe del TJA, la primera sala, presidida por Prisciliano Diego Gutiérrez Hernández, recibió 255 denuncias.

De éstas, 200 contra autoridades de Emiliano Zapata, Tulancingo, Actopan, Pachuca, Mineral de la Reforma, Epazoyucan, Tizayuca, Tula, San Agustín Tlaxiaca, Tepeapulco, Tlahuelilpan, Tlanchinol, Omitlán, Acatlán, Acaxochitlán, Ixmiquilpan, Zapotlán, así como Santiago de Anaya.

Pachuca fue el municipio con más asuntos, 89, de acuerdo con el informe del tribunal.

Asimismo, hubo 46 casos contra la administración pública estatal, como las direcciones General de Administración, Desarrollo de Personal y Profesionalización del Gobierno del Estado de Hidalgo; General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de Contraloría y Transparencia del Poder Ejecutivo del Estado; General de Transporte Convencional, y de la Procuraduría General de Justicia.

Además, ocho demandas contra funcionarios de organismos públicos descentralizados, como la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (Caasim) y Policía Industrial Bancaria (PIB), y otra contra personal del Instituto Estatal Electoral (IEE).

En la segunda sala recibieron 256 denuncias; 194 contra autoridades de  Tula, Mineral de la Reforma, Tolcayuca, Zimapán, Atotonilco de Tula, Tulancingo, San Agustín Tlaxiaca, Tepeapulco, Molango, Actopan, Acaxochitlán, Villa de Tezontepec, Ixmiquilpan, Mixquiahuala, Singuilucan, San Felipe Orizatlán, El Arenal, Chapantongo, Apan, Omitlán, Cardonal, Tizayuca, San Salvador, Acatlán, Epazoyucan, Progreso y Zempoala.

De esta última cifra, iniciaron 82 contra el ayuntamiento de Pachuca.

DEMANDAS

En la segunda sala hubo 54 contra autoridades de la administración pública estatal, como las secretarías de Finanzas Públicas; de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial; del Medio Ambiente y Recursos Naturales, y los Servicios de Salud de Hidalgo, entre otras.

También, siete demandas contra organismos públicos descentralizados; además, dirigidas autoridades del Instituto Estatal Electoral.