El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) resolverá este jueves, en sesión ordinaria, el proceso de remoción  que interpuso el Partido Acción Nacional (PAN) contra los siete consejeros del Instituto Estatal Electoral (IEE).

El blanquiazul acusó que los integrantes del órgano local  vulneraron los derechos políticos del ciudadano de 41 precandidatos a alcaldes en la pasada elección 2015-2016, a quienes negaron el registro como candidatos al aplicar una metodología atípica, a través de un sorteo, para cumplir con la equidad de género en las fórmulas que competirían por los ayuntamientos.

La sesión está programada para las 10:00 horas. A petición del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, se desahogarán los proyectos de resolución del proceso de remoción de los consejeros electorales locales de Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco y Tamaulipas.

La queja presentada por el entonces presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN, Asael Hernández Cerón, quedó identificada en el expediente UT/SCG/PRCE/PAN/CG/11/2016.

Ante la acción de los consejeros electorales, encabezados por Guillermina Vázquez Benítez, en mayo 2015 la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó los acuerdos del IEE y ordenó la validación de los registros de planillas del PAN, así como de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT).

El pasado 16 de enero, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Hidalgo, a través de Octavio Castañeda Arteaga, representante ante el consejo electoral del estado, pidió la remoción del secretario ejecutivo, Jerónimo Castillo Rodríguez, argumentando “ineptitud” para ejercer el cargo. La queja, turnada  al INE, también pide la destitución de la directora ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, Blanca Arminda Villa Hoyos; de la contralora general, Teresita de Jesús Talamantes Castro, y de la presidenta consejera
del IEE.

Castañeda Arteaga señala que a los funcionarios electorales se les atribuyen conductas  de negligencia y errores cometidos por desconocimiento del marco normativo, pues  le otorgaron a una misma persona registro como candidato de dos partidos políticos distintos. Asimismo, haber entregado constancia de mayoría a una persona sin registro.