El despido injustificado de 119 trabajadores del ayuntamiento de Huehuetla le costará al municipio 29 millones de pesos, deuda que el alcalde Ruperto Manilla Vigueras pretende heredar a la siguiente administración.

El adeudo deriva de la lucha del Sindicato Único de Trabajadores de Huehuetla, cuyo expediente se ingresó a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en 2012 y que consiguió una condena contra la alcaldía para a reinstalar a 119 personas que fueron despedidas al inicio de la administración de Manilla Vigueras, además del pago de salaros caídos desde entonces hasta el día en que el Tribunal de Arbitraje ordene la reinstalación, lo cual suma casi 29 millones de pesos.
De acuerdo con el comité del sindicato, el laudo, que lleva en ejecución desde 2015, incrementa su monto cada día que transcurre sin ser pagado, desde el momento en que demandaron a la presidencia municipal, en 2012, estuvieron abiertos al diálogo; sin embargo, la presidencia municipal nunca mostró una actitud de interés.
“Han pasado dos secretarios del Trabajo, quienes incluso tendrían la obligación profesional como servidores públicos de agilizar el pago, ya que la inactividad de las autoridades genera un detrimento en el patrimonio de Huehuetla, el cual no es atribuible a nosotros”, señaló la representación del sindicato.
El litigio comenzó en 2011, cuando les fue negado el registro como sindicato por las autoridades locales, por lo cual se interpusieron amparos, que fueron concedidos a los ahora sindicalizados; sin embargo, el litigio más prolongado ha sido ganar el juicio de despido y obtener sentencia favorable para ser reinstalados, sentencia que fue emitida a finales de 2014 y en donde se condena a la actual presidencia municipal de Huehuetla a la reinstalación del sindicato, conformado por 119 trabajadores, así como al pago de salarios caídos desde enero de 2012, vacaciones, prima vacacional y aguinaldos.
El comité del sindicato en cuestión dijo a Criterio que tiene clara la línea que deberán de seguir ahora en la fase de ejecución del juicio, dependiendo de los resultados, sobre todo de la conciencia que tome el presidente municipal actual que tomara posesión el 5 de septiembre.
“Ha sido un proceso largo y desgastante para los 119 trabajadores, quienes sin tener una estabilidad en el empleo desde su despido en 2012 han recurrido al endeudamiento con familiares para continuar la lucha de sus derechos sindicales”, dijo.
De acuerdo con el secretario general del sindicato, José Tenorio, en caso de que no sean reinstalados ni la presidencia actual pague la sentencia correspondiente, agotarán todas las instancias necesarias, incluyendo la solicitud al Congreso para el Juicio de Procedencia contra el actual alcalde, así como la denuncia por desacato ante la Procuraduría General del Estado, para posteriormente iniciar los procedimientos de queja y demanda ante organismos internacionales, ya que consideran que el gobierno municipal ha vulnerado de forma sistemática sus derechos humanos y sobre todo sindicales.
En vísperas de la transición, dijo, confía en que los 83 presidentes municipales entrantes asuman con responsabilidad la recepción de sus alcaldías, pues generar despidos masivos, como en el caso de Huehuetla, sólo contribuye a la ingobernabilidad y limita el desarrollo de los municipios, ya que los trabajadores de confianza, temporales y de base tienen garantizados sus derechos por supremacía constitucional.
“Es cierto que los alcaldes deben cumplir con un determinado número de compromisos realizados; sin embargo, no deben pasar por alto los derechos de los trabajadores de las administraciones salientes, quienes por lo menos tienen derecho a la liquidación que señala la constitución; se debe tomar en Hidalgo el ejemplo que el gobierno federal llevó a cabo en 2015, cuando realizó recortes masivos en varias secretarías de estado, para lo cual, mediante un decreto liquidó y pagó todas las prestaciones a los trabajadores federales, además un plan de retiro voluntario”.
Tenorio argumentó que no se debe olvidar del criterio que adoptó la Suprema Corte de Justicia de la Nación al conceder un amparo sobre la indemnización que corresponde a los trabajadores de confianza al servicio del Estado, destacando que en estos casos la indemnización debe comprender el pago de tres meses de salario y 20 días de salario por cada año de servicio efectivamente prestado.
“Este criterio actualmente vigente y obligatorio es un precedente que se debe adoptar en los presupuestos de egresos de los municipios”.