Situación carcelaria agrava con cancelación de obras penitenciarias
 
Hace (92) meses
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La situación carcelaria en Hidalgo se agrava con la cancelación de la construcción de las penitenciarías proyectas en Singuilucan y Atotonilco el Grande, que servirían para contrarrestar la sobrepoblación en los centros de reclusión de la entidad, señala el Diagnóstico Penitenciario del primer semestre de 2016 elaborado por la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo (CDHEH).

La Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad en Hidalgo manifestó a la CDHEH que ante el recorte presupuestal anunciado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los nuevos centros penitenciarios no serán edificados.

El gobierno estatal proyectó la construcción de dos nuevos Ceresos de mediana seguridad: en Singuilucan –con una capacidad para mil 500 internos– y en Atotonilco de Tula de Allende–cuya capacidad no se planteó–.

El diagnóstico de la comisión, que publicó ayer, advierte una sobrepoblación carcelaria de 79 por ciento, lo que dificulta las tareas de reinserción social. Actualmente, la población de internos en los 12 Centros de Readaptación Social (Ceresos), seis cárceles distritales y el Centro de Internamiento de Adolecentes en Hidalgo es de 4 mil 045 personas; es decir, existe  sobrecupo de mil 659, pues el sistema está diseñado para alojar a 2 mil 386 personas.

El Cereso de Pachuca concentra el mayor hacinamiento, pues alberga a mil 297 presos, aunque el límite es de 654; le sigue la penitenciaría de Tula, con 575 internos, pero con límite de 300, y Tulancingo, donde hay 575 reclusos pese a que el máximo es 346, señala el documento.

Respecto a la tecnología indispensable para dar mayor y mejor seguridad en las penitenciarías de Hidalgo, la CDHEH encontró fallas o descomposturas en cámaras de videograbación que se encuentran instaladas en 15 de las 18 penitenciarías hidalguenses.

Durante los seis primeros meses de 2016 las autoridades efectuaron siete cateos: en los Ceresos de Apan, Huichapan, Zimapán, Tulancingo y Pachuca, así como en las cárceles distritales de Metztitlán y Tizayuca. En las revisiones participaron policías estatales, Ejército mexicano y la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo.

Las autoridades decomisaron solventes, teléfonos celulares, tijeras, cuchillos, puntas, seguetas, puntas hechizas, cables, cucharas, utensilios de cocina, cuerdas, martillos y taladros. En el penal de Apan, señala el escrito, localizaron marihuana y nueve envoltorios con polvo blanco con característica de la cocaína.

“Estas revisiones en los centros penitenciarios son necesarias para detectar objetos que pueden vulnerar a la población interna o a los familiares de quienes los visitan. Sin estos cateos ocurren acontecimientos como el suscitado en el Cereso de Tenango de Doria, en donde un interno fue golpeado salvajemente y apuñalado en la pierna izquierda por otro interno, ocasionando que le amputaran la extremidad, hecho por el que esta CDHEH radicó queja de oficio”, añade el diagnóstico.

En cuanto a las condiciones alimenticias de los presos, los internos de Hidalgo consideran que la comida que reciben es insuficiente y carece de calidad. En este rubro se presenta el mayor número de quejas ante la Comisión de Derechos Humanos de la entidad.

 

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