Desde tortura hasta la ausencia de medicamentos para atender sus padecimientos enfrentan los internos del sistema penitenciario de Hidalgo, según un reporte de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Hidalgo.

Al hacer un recuento de los últimos tres años, los atentados contra los derechos humanos de los internos se incrementan pese a las denuncias públicas y recomendaciones que lanza este organismo descentralizado del gobierno estatal.
Tan sólo en el cúmulo de quejas recogidas durante 2015, prácticamente fueron el doble de las recibidas un año antes, lo que demuestra el recrudecimiento de sus condiciones.
Según la CDHEH, fueron siete de ellas por violaciones a los derechos de los reclusos; seis por el uso indebido de la función pública; dos por lesiones cometidas por el personal; imposiciones de castigos, abusos, entre otros.
Sin embargo, durante 2014, aún cuando fueron menos las denuncias si fueron turnadas cuatro quejas por lesiones, lo que habla del uso de la fuerza en forma desmedida. Y en años anteriores hay caso de tortura por parte del personal penitenciario contra un recluso.
Y una vez que tiene la queja la Comisión de los Derechos Humanos manda “oficios mediante el cual se les solicita a los centros penitenciarios y a las cárceles distritales para que envíen a la comisión evidencias del cumplimiento de las diversas observaciones que se hicieron”.
De forma categórica, la CDHEH afirmó que “en todos los centros penitenciarios y en las cárceles distritales se les proporcionan alimentos a los internos tres veces el día” y plantean que no necesariamente miden cuantitativamente y cualitativamente los alimentos, afirman que ellos sólo observan “las condiciones en las que se encuentran el área de cocinas, cómo y con qué están equipadas”.
En este recuento, el organismo informó que el Cereso de Pachuca es justamente el que tiene una mayor población y una mayor reincidencia de actos fuera de la ley por parte de los empleados y funcionarios del gobierno del estado de Hidalgo.
Al igual se encuentra Tizayuca y la administración penitenciaria de Tulancingo, quienes han acumulado el mayor número de estas quejas, que al ser valoradas por los visitadores exponen los riesgos que tienen los reclusos.