A fin de evitar conflictos de interés en la asignación de patentes de notario público, “como sucedió al término de la administración pasada”, el diputado panista Luis Enrique Baños Gómez presentó una iniciativa para requerir a los aspirantes que comprueben contar con actividad profesional en el sector de al menos dos años.

En su exposición de motivos, Baños Gómez dijo que la asignación debe ser un ejercicio democrático y transparente para evitar favorecer a intereses de exfuncionarios de los poderes Ejecutivo y Judicial, así como allegados de exgobernadores, como ocurrió con la asignación de 16 patentes y siete cambios por permuta adscritos que se dieron a conocer del 22 al 31 de agosto de 2016 en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH).

Criterio (18 de abril de 2017) dio a conocer que seis archivos relacionados con la asignación de 16 patentes de notario para exfuncionarios de la administración anterior, así como siete relativos a cambios por permuta o de adscripción fueron, probablemente, modificados el 5 de septiembre de 2016, durante el cambio de poderes en Hidalgo, certificó, mediante una fe de hechos, el notario número 3 del distrito de Pachuca, Gerardo Martínez Martínez.

El legislador detalló que la iniciativa también pretende garantizar que no exista un vínculo con la administración pública de manera reciente por lo que planteó reformas a los artículos 24 y 45 de la Ley del Notariado para el Estado de Hidalgo.

En la actualidad, explicó el representante del distrito XVII , existe un registro de 90 notarías; sin embargo, falta añadir las 20 asignadas recientemente y que fueron autorizadas por la anterior administración estatal, en las que, según el panista, “se violentaron las formalidades legales y de transparencia”.

“Estas fueron designadas a Juan Manuel Menes Llaguno expresidente de Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJEH); Mario Souverbille Gónzalez, excoordinador jurídico en gobierno del estado, y Alejandro Straffon Ortiz, exprocurador general de justicia, así como a otros exservidores que hoy en día tienen una notaría y no cuentan con experiencia notarial”, señaló el exdelegado de la Procuraduría Agraria.

La iniciativa pretende que a los aspirantes a notario público titular y adscrito se les requiera no haberse desempeñado durante los últimos dos años como empleado, funcionario o servidor público municipal, estatal y federal en Hidalgo; así como que no hayan sido dirigentes de partido político o candidatos a un cargo de elección popular en los últimos dos años.

JUICIO EN PROCESO

En la entrega de patentes de notarios no se observaron las formalidades legales, transparencia y debido proceso, señalaron los abogados Emmanuel Rosales y Julio Gálvez, quienes, el pasado 19 de septiembre de 2016 interpusieron un amparo indirecto contra el Congreso local y el gobierno del Estado de Hidalgo.
El citado proceso todavíase dirime en el juzgado cuarto de distrito de la capital hidalguense; en éste también se señala la inconstitucionalidad de la Ley del Notariado en sus artículos 19, 21, 23, del 24 al 34 y el 36, con el argumento de que el marco normativo promueve la desigualdad entre ciudadanos y servidores públicos.