Hubo falta de documentación justificativa para la adquisición de bienes tecnológicos, señaló la ASEH
Irregularidades en compras de equipo tecnológico, arrendamiento de servicios de protección y seguridad, así como la restauración ecológica y acciones para el saneamiento del relleno sanitario de El Huixmí realizadas en 2022 fueron algunas de las observaciones que hizo la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) al gobierno de Hidalgo y que forman parte de los 795 millones 441 mil 717.43 pesos observados a las 19 secretarías.
La observación más elevada es de 96 millones 697 mil 316.92 pesos debido a falta de documentación justificativa para la adquisición de bienes de 176 kilómetros de fibra óptica aérea de 48 hilos, 124 kilómetros de fibra óptica subterránea de 48 hilos, 38 bienes de arcos y mil 255 puntos de monitoreo inteligente que transmiten para el C5i, de las cuales no se hizo avalúo de bienes.
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En ese sentido, otra de las irregularidades más altas fue por la falta de comprobantes de ejecución de recurso por 82 millones 400 mil 307.72 pesos por servicios de protección y seguridad contratados para la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH), correspondientes a enero, febrero, marzo y abril de 2022. También, en ese rubro, pero de servicios preventivos, de enero a agosto, se realizaron observaciones por 63 millones 513 mil 484.52 pesos.
Otro monto elevado fue correspondiente a la contratación para la restauración ecológica, equipamiento forestal y acciones adicionales para el saneamiento del relleno sanitario de El Huixmí, puesto que la ASEH detectó pagos indebidos por 57 millones 599 mil 602.05 pesos, al considerar que los trabajos no fueron realizados y aunque la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado de Hidalgo (Semarnath) presentó documentación justificativa, esto no fue suficiente para subsanar las irregularidades.
En tanto, por el arrendamiento de aeronaves para servicios de protección y seguridad, se detectaron observaciones por 56 millones 29 mil 595.63 pesos debido a que no existió la suficiente evidencia documental para comprobar su ejecución, así como también se notaron irregularidades por 35 millones 996 mil 499.98 pesos por la realización de diagnóstico de cumplimiento y asesoría en el proceso de transición de la administración del Poder Ejecutivo, ya que no se encontraron pruebas que acreditará la realización de los trabajos contratados.