Enrique era profesor de psicología en la Universidad Iberoamericana y fundador del Colegio de Psicólogos de México. Adrián, contador en una empresa. Ese día habían decidido reunirse con unos amigos, y cuando salieron a la tienda, policías de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal los interceptaron y les advirtieron que su descripción encajaba con la de unos sospechosos de asalto que se acababa de reportar.

Cuando llegaron a la delegación de policía, los hermanos Aranda Ochoa se enteraron de que, en realidad, los cargos que pesaban en su contra eran de secuestro en contra de una familiar de la entonces diputada Margarita Zavala (primera dama de 2006-2012) y la hija de un secretario de Estado de Ernesto Zedillo Ponce de León, entonces presidente de México.

Si la vida de los hermanos Aranda Ochoa se dividiera en capítulos, a partir de ese momento se titularía “La tortura”. Golpes en diferentes partes del cuerpo, entre ellas, los testículos, choques eléctricos, amenazas de matarlos, además de humillaciones e insultos, saturarían la escena.

“Bajo tortura. Siempre bajo tortura nos sacaron las declaraciones. Cuando estás en esos momentos no sabes si vas a morir, no te importa lo que pasará después. Les dices que sí a todo con tal de parar el dolor y el terror”, dice Enrique Aranda, desde un café, afuera de un establecimiento donde hoy da clases de yoga. “Ni mi hermano ni yo conocíamos a esas personas —las víctimas de secuestro—. Buscaban un chivo expiatorio y nos encontraron a nosotros”.

La entonces Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal confirmó la existencia de tortura en el caso de los hermanos Aranda Ochoa, tal y como lo consignó en su recomendación 12 del año 2002: “Peritaje médico: oficio I-28641, …Fueron ‘golpeados con objetos romos y contundentes’ en diversas partes del cuerpo”. Y con el peritaje psicológico concluyó que “la sintomatología referida mezcla y fusiona características de estrés postraumático por tortura”.

Pese a las irregularidades, los hermanos Aranda pasaron veinte años en la cárcel. Obtuvieron su libertad en febrero de 2016. “Todo el caso se tornó político”, dice Aranda Ochoa. “En 2005 estábamos a punto de ser liberados, el procurador (del DF) Bernardo Bátiz lo había anunciado, pero alguien de esas dos familias poderosas que nos acusaron movió los tornillos para evitarlo”.

Organizaciones internacionales como PEN International, Amnistía Internacional y la nacional Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria se pronunciaron en contra de la sentencia de los hermanos Aranda Ochoa.

Su caso no es la excepción, sino la regla. Nils Melzer, relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), denunció el 2 de marzo pasado, en Ginebra, ante el Consejo de Derechos Humanos que, en México, la tortura es una práctica “generalizada”, tal y como documentó el Grupo de Expertos Independientes (GEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2016.

“Las fuerzas de seguridad y agentes de investigación (emplean la tortura) comúnmente, para la obtención de confesiones o como método de castigo”, advierte el informe de la ONU. “A pesar de los pronunciamientos de autoridades públicas, no se observan investigaciones imparciales e independientes y todo ello tiene vínculos con la impunidad que prevalece en México”.

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