El decreto que expide la Ley General de Cultura y Derechos Culturales fue publicado este martes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), sin ningún acto público que arropara la promulgación, como se esperaba desde 2015.

Tras dos años de trabajos, dos recintos legislativos, cinco iniciativas, 11 foros públicos, 200 ponencias y horas tras horas de discusión a puertas abiertas y negociaciones a puerta cerrada, la primera ley del sector ya es una realidad.

La ley llegó no limpia de reproches. “Estamos ante un dictamen que es el resultado de la iniciativa enviada por el presidente de la República, vía su
Consejería Jurídica, 48 horas antes de su aprobación, y que nunca fue del conocimiento de los integrantes de las comisiones”, reclamó en
tribuna, el pasado 28 de abril, la perredista Cristina Gaytán.

Con ello, se refirió a un pliego de una serie de observaciones que hizo llegar el Ejecutivo federal sobre su contenido y que, en su última etapa de dictaminación, fue atendido.

Días antes, miembros del Consejo Redactor de Expertos -cuya deliberación dio forma a la iniciativa de los diputados-, acusaron que el proyecto era una versión light de lo que prepararon. Revelaron que de más de cien artículos y una treintena de derechos culturales enunciados, solamente
quedaron, al final, 42 y nueve.

Finalemnte, la ley fue aprobada con 366 votos a favor, dos en contra y una abstención.