La Procuraduría General de la República (PGR) analiza la posibilidad de que, una vez concretada su extradición desde Panamá, Roberto Borge sea entregado a las autoridades de Quintana Roo, pues por el momento allá no cuenta con una suspensión contra las órdenes de aprehensión del fuero común.

Funcionarios de la PGR indicaron que el juez federal Ciro Carrera Santiago le fijó al exgobernador una garantía de 84 millones de pesos para que sean suspendidas las tres órdenes de aprehensión locales y, como no ha podido pagar, nada lo protege contra esas capturas.

Las órdenes de arresto giradas por un juez de control del fuero común son por los delitos de peculado, aprovechamiento ilícito y ejercicio indebido de la función pública, ninguno de ellos con prisión preventiva oficiosa.

La Fiscalía de Quintana Roo buscaba que se le impusiera una garantía de 3 mil 104 millones 823 mil 279 pesos, prácticamente impagable, pero esta suma no fue autorizada porque resulta excesiva y contraria a la naturaleza del sistema acusatorio, que prevé a la prisión preventiva como excepción.

Borge cuenta con otro mandato de captura federal por el delito de lavado de dinero, pero en este caso sí cubrió la garantía que le fue fijada por un juzgado de amparo que le concedió la suspensión.

El exmandatario no ha cubierto la garantía impuesta por el Juez Quinto de Distrito de Quintana Roo y eso significa que le pueden ejecutar las capturas del fuero común y, al menos por unas horas, ser recluido en prisión.

Si esta situación no registra algún cambio, cuando sea extraditado, el exmandatario quintanarroense puede ser puesto a disposición del Juzgado de Control de esa entidad y, por lo menos a su llegada, internado en el penal estatal.