La Ley General contra la Tortura fue aprobada la madrugada de ayer por el Pleno del Senado, unas horas antes de que clausuraran el periodo de sesiones ordinarias.

Con 90 votos a favor y 4 en contra, los senadores avalaron la propuesta de ley que incluyó, a petición del gobierno federal, dos tipos penales: tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Ésto, a pesar de que organizaciones defensoras de derechos humanos y el Relator Especial sobre la Tortura de las Naciones Unidas, Juan Méndez, recomendaron a los senadores establecer sólo uno.
Se definió tortura como el delito cometido por cualquier servidor público que cause dolor o sufrimiento físico o psíquico a una persona y se sancionará con una pena de 10 a 20 años de prisión y de 500 a mil días de multa.
La ley también establece que los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes se presentarán cuando un servidor público veje, maltrate, degrade, insulte o humille a una persona, lo cual se castigará con una sanción que va de tres meses a tres años de prisión y hasta 200 días de multa. El dictamen de la ley plantea que las penas en cuanto a tortura aumentarán hasta en una mitad cuando la víctima sea niña, niño, adolescente, una mujer embarazada, una persona con discapacidad, un adulto mayor, migrante, afrodescendiente, indígena, periodista o defensor de derechos humanos.
Esta disposición se aplica también cuando la víctima sea sometida a cualquier forma de violencia sexual, o que la identidad de género o la orientación sexual sea la motivación para cometer el delito.
La ley contempla la creación de fiscalías especiales que tendrán plena autonomía técnica y operativa para la investigación y persecución para los delitos de tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Incluye la formación del Registro Nacional del Delito de Tortura, donde se registrará información estadística de estos ilícitos, y del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, del cual es responsable la Procuraduría General de la República. El dictamen fue enviado a la Cámara de Diputados para su correspondiente análisis.