La Cámara de Diputados tiene entre sus pendientes, desde hace seis meses, las reformas que califican como delito grave la portación ilegal de armas.
Desde el 15 de diciembre de 2016, el Senado aprobó reformas al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para endurecer las penas y garantizar que los acusados de este delito permanezcan en prisión.
Las modificaciones legales fueron impulsadas por la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y, de forma particular por el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinoza.
Los legisladores definieron como delito grave la portación de armas de uso exclusivo del Ejército, así como el acopio de cartuchos de alto calibre.
En la minuta turnada a San Lázaro se establece que se castigará hasta con 30 años de cárcel al que participe en la introducción al territorio nacional, en forma clandestina, de armas, municiones, cartuchos, explosivos y materiales de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza.
Esa pena también aplicará al servidor público que no impida la introducción ilegal de armas y a quien las adquiera para fines mercantiles. La portación ilegal ameritará sanciones de hasta 20 años de prisión. La reforma está basada en una iniciativa que fue presentada por senadores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) en marzo de 2016.
Con los cambios se reclasifican las figuras penales, se incrementan las sanciones corporales y económicas por la portación, posesión, almacenamiento, compraventa, tráfico, transportación, uso y destino de armas de fuego, explosivos y accesorios de manera ilegal.
En su momento, los senadores reconocieron que el marco legal vigente es laxo, por lo que pone en riesgo la vida, el patrimonio y la seguridad nacional, ya que contempla sanciones menores y provoca la integración discrecional de averiguaciones previas y carpetas de investigación.
El castigo se aplicará de manera proporcional, dependiendo del calibre de las armas.
