El presidente Enrique Peña promulgó ayer la Ley de Seguridad Interior para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decida sobre su constitucionalidad.
Esta decisión se toma, reconoció el mandatario, frente a la inconformidad de organizaciones y colectivos que afirman que el contenido de esa legislación es inconstitucional.
“Soy consciente que este ordenamiento es especialmente sensible”, dijo durante la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
“No emitiré la declaratoria de protección de seguridad interior en los términos de esta ley hasta que el máximo tribunal decida sobre su constitucionalidad, así la Suprema Corte de la Nación será el árbitro legitimado constitucionalmente para tomar una resolución definitiva”, agregó.
PUBLICAN LEY DE SEGURIDAD EN DIARIO OFICIAL
El Ejecutivo federal publicó ayer la Ley de Seguridad Interior, en la edición vespertina del Diario Oficial, y con ello empieza a correr el plazo de 30 días para que sea impugnada ante la Suprema Corte de Justicia por medio de acciones de inconstitucionalidad.
Estarán legitimados para impugnar la CNDH, el 33 por ciento de diputados y senadores, y el INAI, por lo que toca a un solo artículo que clasifica información como reservada.
La Corte no puede suspender la ley, pero el propio Ejecutivo anunció este jueves que no aplicará sus disposiciones relevantes mientras se resuelve si es constitucional.
Tanto el Ejecutivo como el Congreso pueden pedir al máximo tribunal que dé trámite prioritario a estos juicios, lo que permitiría que el pleno dicte sentencia hacia mediados de febrero.
La SCJN está en receso y vuelve a laborar el próximo 2 de enero.
Hace 20 años, la Corte declaró constitucional la participación de las fuerzas armadas en seguridad pública, pero ninguno de esos ministros sigue en activo.
De los actuales, el único que ha afirmado de manera tajante que la Constitución no permite al Ejército salir de sus cuarteles “en tiempos de paz” es José Ramón Cossio, pero en debates sobre temas como fuero militar.
Para invalidar cualquier aspecto de la ley será necesario el voto de al menos ocho de los 11 ministros.
Por tanto, es probable un escenario en el que seis o siete ministros fallan contra los puntos centrales de la ley, pero éstos de todos modos quedan vigentes.
