En nombre del Estado mexicano, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, Miguel Ruiz Cabañas, reiteró que no existe evidencia para comprobar que la actuación policiaca en San Salvador Atenco respondió a instrucciones o fueron permitidas por funcionarios de alto rango.

Durante el segundo día de audiencias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso de 11 mujeres víctimas de tortura sexual por parte de policías, Ruiz Cabañas destacó que el Estado ha reconocido su responsabilidad internacional en este asunto y advirtió que la falla en las investigaciones se dio únicamente en la etapa inicial.

Afirmó que el Estado mexicano no pone en duda las graves violaciones de derechos humanos de las cuales fueron víctimas las 11 mujeres, sin embargo, señaló que es necesario tomar en cuenta el contexto en el que ocurrieron los hechos (de enfrentamiento entre manifestantes y policías) y que los agentes tuvieron mal comportamiento, pero no por órdenes superiores.

“Hubo falta de preparación, capacitación y legislación para realizar los operativos, lo cual tuvo como consecuencia que al momento de implementar los operativos, muchos agentes se alejaran del marco de la ley”, reconoció.

Ruiz Cabañas retomó la investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 2009, que no encontró evidencias para determinar máximos responsables por estos abusos, ocurridos durante la gestión de Enrique Peña Nieto como gobernador del Estado de México.

La relatora sobre Derechos de las Mujeres de la CIDH, Margaret May Macauley, subrayó que el operativo policiaco fue masivo y que, por lo tanto, debe necesariamente haber oficiales de alto rango involucrados.