El Ejecutivo federal pidió a la Suprema Corte de Justicia invalidar los cuatro impuestos “ecológicos” creados por el nuevo gobierno priísta de Zacatecas, que han provocado una rebelión de grupos industriales en esa entidad.

Humberto Castillejos, consejero Jurídico del Ejecutivo, presentó el 14 de febrero una controversia constitucional para pedir la invalidez de los artículos 6 al 36 de la Ley de Hacienda de Zacatecas, así como otras normas relacionadas con los nuevos impuestos.

Hasta el jueves pasado, la Corte no había notificado la admisión a trámite de la controversia, cuyo desahogo tomará varios meses. Para invalidar cualquiera de los impuestos, será necesario el voto de al menos ocho de los 11 ministros.

La controversia impugna el impuesto “de remediación ambiental por extracción de materiales”, que grava con diversas tarifas cada metro cúbico de piedras extraídas durante los procesos mineros, así como otro tributo que aplica 250 pesos por cada tonelada de bióxido de carbono emitido a la atmósfera.

También se cuestiona el cobro de 25 pesos por cada 100 metros cuadrados “afectados por sustancias contaminantes”, y el de 100 pesos por tonelada de residuos almacenados en vertederos públicos o privados.

Zacatecas espera recaudar mil 230 millones de pesos por estos impuestos durante 2017.

Al elegir la controversia como vía de impugnación, el Ejecutivo está alegando que Zacatecas invadió atribuciones exclusivas de la federación, al crear impuestos que gravan bienes nacionales, y que parecen estar claramente dirigidos a la industria minera.

Zacatecas sostiene que no está gravando la extracción de minerales -que ya está sujeta a múltiples impuestos federales-, sino que creó esos tributos con base en facultades que le otorgan las leyes generales de Equilibrio Ecológico y la de Cambio Climático.