El reclamo hacia el gobierno mexicano de que libere a 25 manifestantes retenidos hace un año de manera ilegal, como lo señaló el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU, llegará a la mesa de negociación que tiene la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) con la Secretaría de Gobernación.
“Es un acuerdo de la Sección 22 y de la CNTE el tema de la justicia y la libertad de todos los presos políticos, para nosotros no son presos aislados, son nuestros presos, entonces sí hay un asunto de justicia donde estamos planteando la libertad”, afirmó Eligio Hernández, coordinador de prensa de la Sección 22 de la CNTE.
El 7 de junio del año pasado, la Sección 22 convocó a una manifestación contra la militarización de Oaxaca y en defensa de la educación, tras la cual fueron detenidas, sin órdenes de aprehensión, 86 personas, de las cuales 61 fueron liberadas, quedando retenidas 25, la mayoría vinculadas con el Frente Popular Revolucionario (EPR).
En conferencia de prensa, Maurilio Santiago, el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, adelantó que presentarán escritos a las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación y al gobierno de Oaxaca para que cumplan la resolución emitida por el Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
John Ackerman, profesor de la UNAM, destacó que antes de emitir su resolución el grupo de trabajo de la ONU pidió al gobierno mexicano un informe de las detenciones en cuestión, pero no obtuvo ninguna respuesta. “Este caso es particularmente grave, no es solamente una detención arbitraria, sino lo que hubo fue un secuestro temporal, una desaparición forzada”, consideró.
Yolanda Ruiz, quien fue parte de los 61 detenidos que después recuperaron su libertad, reclamó que a pesar de que ellos dieron sus testimonios a la autoridades, incluso a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), no fueron tomados en cuenta.
“Ahora que la ONU emite esta resolución, nosotros como familiares exigimos que se cumpla y que sean liberados nuestros familiares sin cargo alguno; también exigimos que las 25 familias sean apoyadas sicológicamente y que se castigue a los culpables”, dijo.
El mismo grupo de trabajo emitió una resolución similar sobre la detención de Nestora Salgado, líder de Policías Comunitarias de Olinalá, Guerrero. Aunque dichos documentos no son vinculatorios, es decir que no obligan al gobierno a acatarlos, la abogada Mayem Pilar advirtió que buscarán judicializar el documento dentro del proceso penal.