“Gordillo en casa, Estado de Derecho”
 
Hace (76) meses
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La prisión domiciliaria a Elba Esther Gordillo obedece a que prevaleció el Estado de Derecho y no a una decisión de corte político, afirmó el abogado de la exlideresa magisterial, Marco Antonio del Toro.

“Prevaleció el Derecho y por tanto resulta de miopes pretender encontrar otras explicaciones de corte político a un triunfo que únicamente encuentra su apoyo en la ley.

“Nunca falta quien busca dar un sesgo distinto en aras de generar percepciones erróneas, por desconocimiento o mala fe”, dijo el abogado en un comunicado.

Gordillo obtuvo la prisión domiciliaria el mismo día en que Nueva Alianza, partido que fundó, aceptó apoyar al PRI en la elección presidencial del próximo año.

Si la exsecretaria del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se encuentra en su casa, abundó Del Toro, es porque el Derecho así lo exige y lo tutela.

Abundó que “los hechos hablan y hablarán por sí mismos”, por lo que dar un sesgo distinto al jurídico simplemente busca alentar la desconfianza en las instituciones de justicia.

“Perdiendo de vista que así dificultan que se consolide un Estado de Derecho que es a lo que debemos todos aspirar y contribuir”, expresó Del Toro.

“Desde ahí (su casa) se combatirá con la misma decisión la única e infundada imputación que subsiste. Nuestro objetivo es claro: que se reconozca su inocencia plena y absoluta. No más, pero no menos”, añadió.

Del Toro precisó que para que su clienta obtuviera la prisión domiciliaria fue necesario interponer un incidente de prisión preventiva domiciliaria, un recurso de apelación y tres juicios de amparo.

“Todo ello ocurrió a lo largo de dos años de arduas batallas legales plagadas de injusticias que quedaron patentes cuando se ganó cada uno de los tres juicios de amparo”, señaló el abogado.

Asimismo, afirmó que dicho beneficio es procedente a la luz de la Constitución, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, El Código Penal Federal y Ley General para los Adultos Mayores, entre otros ordenamientos nacionales.

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