La burocracia es el muro más grande para la población migrante y esto sí está en manos del gobierno federal, advirtió Berenice Valdez, coordinadora de Políticas Públicas del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi).

En el marco del análisis de las reformas a la Ley General de Educación en el Senado, pidió que la participación de la sociedad civil no se limite a las audiencias públicas, sino que se incluyan sus propuestas en materia de política migratoria y el derecho a la educación, así como los planteamientos de las autoridades educativas de los estados mirando hacia el sur y el norte del país. Ejemplificó que en la iniciativa preferente del presidente de la república para agilizar los trámites burocráticos para la revalidación de estudios, se elimina la CURP como documento de identidad para el ingreso a la educación obligatoria.

Sin embargo, apuntó, cuando los estudiantes concluyen sus estudios se les pide que entreguen sus documentos de identidad, y el Registro Nacional de Población sólo entrega la Clave Única con el acta de nacimiento apostillada.

También señaló Berenice que el Sistema de Información y Gestión Educativa de la SEP pide necesariamente la CURP para poder dar de alta en el sistema a cualquier alumno, de lo contrario, no se registra.

Jill Anderson, directora de Los Otros Dreamers en Acción, aseguró que una de las necesidades de los jóvenes migrantes ha sido acceder a la educación media superior y superior. Consideró que hay una gran contradicción entre la iniciativa de ley del Ejecutivo y las declaraciones del secretario de Educación, Aurelio Nuño, con el anteproyecto del Acuerdo Secretarial 286 que determinará cómo se aplicarán los cambios en la legislación.

“Nos alegra que el Estado mexicano está poniendo el tema de la educación como el tema central para responder a la situación que enfrentan las familias de los migrantes en Estados Unidos”, expresó.

“Estamos aquí para exigir que la respuesta del acceso a la educación sea igual de contundente a las acciones de Estados Unidos”. Explicó que para revalidar el bachillerato en la SEP, el anteproyecto propone que el estudiante debe mostrar los documentos de secundaria.

“Pedir los antecedentes académicos es una petición burocrática, que seguro viene de una asunto de seguridad o temor al fraude, pero pedir antecedentes académicos no asegura nada, más que papeleo, porque en Estados Unidos no se puede entrar a una preparatoria si no se terminó la secundaria; este no es un ejemplo de quitar la burocracia”, consideró Anderson sobre los problemas burocráticos y el papeleo.