La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de Santiago Nieto logró obtener órdenes de aprehensión en varios casos de relevancia, pero no consiguió llevar ante la justicia a los dos implicados de más alto perfil contra los que han apuntado las investigaciones.

En noviembre de 2015, la institución pidió aprehender al entonces subsecretario de Gobernación, Arturo Escobar, por la firma de un contrato por 2.3 millones de pesos para la distribución de 10 mil tarjetas Premia Platino durante la campaña del PVEM en ese año.

Pero la juez Rosa María Cervantes negó la orden de captura, rechazando aplicar la nueva ley electoral y declarando como inconstitucional el delito imputado.

Luego que Escobar renunció a su cargo en Gobernación, el senador Pablo Escudero denunció al Fiscal por violar la confidencialidad de la averiguación previa, dado que informó de la solicitud de captura, y el principio de presunción de inocencia.

En el caso del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, aunque se instruyó su aprehensión, la Fepade dijo que Guatemala no le autorizó pro-cesarlo en México, porque en ese país no existe la conducta delictiva que le atribuyen.

La Fiscalía de Nieto también dio marcha atrás en el caso del Alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, contra quien, primero, solicitó una audiencia de imputación por la presunta obtención ilegal de una credencial de elector, y luego pidió al juez que dejara el trámite sin efecto, para conti-nuar con la pesquisa.

El ente también obtuvo orden de aprehensión contra el mandatario de Chihuahua, César Duarte, por descontar de nómina un porcentaje del sueldo de funcionarios y des-viar esos recursos al PRI en la campaña de 2015.

El Juzgado de Control negó  dos veces la captura del exgobernador, por inconsistencias en investigación, que acusó un desvío de 79 millones de pesos. Fue hasta el tercer intento, cuando se libró el mandato judicial.