Los litigios contra México en el marco del TLCAN
 
Hace (79) meses
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En el interior del casino la ruleta frenó súbitamente. Sentados sobre las mullidas sillas de tela color carmín, frente a las ruidosas y destellantes máquinas tragamonedas, las alargadas mesas de póquer y las tarjetas de bingo a medio llenar, los apostadores vieron sorprendidos que un comando de la Policía Federal se desplegaba sobre la gruesa alfombra del inmueble.

No estaban en Las Vegas, sino en Naucalpan. En la sede del casino Kash. Construido sobre una extensión de 7,000 metros cuadrados, sobre la avenida Jardines de San Mateo y Periférico Norte, frente a Echegaray, el inmueble ocupa el mismo terreno que antaño fue un parque de diversiones en esta parte del Estado de México.

A punto de completar la línea ganadora, el aliento se les cortó a los apostadores del bingo cuando policías federales irrumpieron para desalojarlos. La orden era sacar a clientes y personal para luego colocar los sellos de clausura.

En una operación simultánea, que comenzó alrededor de las 14:00 horas del 24 de abril de 2014, seis casinos del Estado de México, Cuernavaca, Puebla, Ciudad de México, Villahermosa y Nuevo León fueron clausurados.

Parecía una suspensión temporal, pero no fue eso. Los establecimientos fueron empolvándose y las membresías que cada casino daba a sus socios terminaron por caducar.

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La Dirección General de Juegos y Sorteos revocaba así los permisos operativos a las casas de juego controladas por Juan José Rojas Cardona, el Zar de los Casinos, un polémico personaje que se vio altamente favorecido con todo tipo de licencias durante el sexenio de Felipe Calderón.

Esos casinos clausurados, propiedad de diversos accionistas, funcionaban registrados a nombre de Entretenimiento de México (Emex), una empresa de Rojas Cardona, que los administraba como “operador”. Pero la figura de operador es distinta a la de permisionario. La sociedad entre ambos se rige por un contrato mercantil, es decir, el operador firma un contrato mercantil con el permisionario.

En noviembre de 2012, el último mes de la administración de Felipe Calderón, su gobierno, a través de la Secretaría de Gobernación, le dio grado de “permisionario” a dichos establecimientos a nombre del consorcio Exciting Games, pero como una extensión de Emex.

Sin embargo, a la llegada del nuevo gobierno federal, en la Dirección de Juegos y Sorteos de la Segob se determinó que los permisos con los que operaban dichos casinos carecían de validez, y se ordenó su clausura.

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