Los estados del país que no participan en las compras consolidadas de medicamentos deben transparentar cómo y cuánto gastan en esos insumos para comparar costos y cerrar la puerta a la corrupción, plantearon especialistas.
Alejandro González, director de Gestión Social y Cooperación, explicó que el gasto de medicinas concentra 8 de cada 10 pesos de los consumibles en el sistema de salud, por lo que la incorporación de los estados a la compra consolidada debería ser obligatoria.
“Requerimos pasar de mecanismos voluntarios a mecanismos de coordinación con un poco más de dientes que obliguen a los estados a incorporarse a este modelo”, dijo en entrevista.
Para el especialista, no existe ninguna explicación razonable, en términos de eficacia y eficiencia, por la cual estados o sistemas de salud estatales no se sumen.
Aseguró que es alarmante que 23 por ciento de las recetas en el sistema público de salud no se surtan de forma completa, lo cual, explicó, se debe, entre otras cosas, al desperdicio de recursos en las compras.
“Hay estados, como Querétaro, donde sólo el 56 por ciento se lleva la receta completa. Hay estados donde la situación es crítica, donde 4 de cada 10 personas no reciben la receta completa”, alertó.
González reprochó que no haya mecanismos de información sobre cómo y cuánto gastan las entidades y se permita la comparación.
Enrique Cárdenas, director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, sostuvo que hay estados que no participan en la compra consolidada porque las licitaciones que ellos hacen ha sido tradicionalmente una fuente de corrupción.
“Hay gente que no quisiera entrarle precisamente para no perder ese canal. Muchos de los gobiernos estatales seguramente no desean hacerlo porque no quieren perder esa función, quizás por las buenas o las malas razones”, alertó.
Coincidió en que urge que se transparenten de forma accesible los precios de compra de medicamentos, incluso de las consolidadas.
Para Ricardo Corona, director jurídico del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), los estados que no participan en la compra consolidada caen en una irresponsabilidad ante el uso ineficiente de recursos públicos y privilegian esquemas de licitaciones que permiten manipulaciones discrecionales. “(Los estados) no aprovechan todo el potencial de compra que podrían hacer y los 20 estados que sí están participando tampoco están aprovechando todo el potencial que tienen de ahorro”, afirmó.
La consolidación de las compras, subrayó, debe ser un mecanismo de control para garantizar una mejor distribución del gasto.
Aunque los estados no están obligados a participar en la compra consolidada, el director jurídico del IMCO destacó que sí tienen obligaciones de transparencia.