El caso de las 11 mujeres que sufrieron tortura sexual por policías en Atenco, hace más de diez años, es una oportunidad para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) ahonde en la necesidad de investigar las responsabilidades por cadena de mando.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó en un comunicado, como ya lo había hecho la Secretaría de Gobernación, que el caso fue puesto a consideración de la Corte el 17 de septiembre pasado.

“Pasados más de diez años de ocurridos los hechos, no existe un esclarecimiento judicial de las violaciones ocurridas en perjuicio de las 11 mujeres ni se ha emitido sentencia alguna en los procesos penales al respecto”, afirmó la comisión.

“Tras haber evaluado el estado de la implementación de las recomendaciones contenidas en el Informe de Fondo, la comisión estableció que el Estado no había avanzado integral y sustantivamente en el cumplimiento de las mismas”.

La CIDH ha establecido que las 11 mujeres del caso “Mariana Selvas Gómez y otras” fueron detenidas de manera ilegal y arbitraria los días 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco, además de que no se les informó de los cargos que les imputaban y su primera declaración la hicieron sin defensa técnica.

“Este caso ofrece una oportunidad para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos profundice sobre la necesidad de investigar de manera integral todas las posibles responsabilidades, incluidas las derivadas de la cadena de mando”, expuso la CIDH.

“Así como las derivadas tanto de las acciones u omisiones que dieron lugar a los hechos en sí mismos y también de las que pudieran haber obstaculizado su esclarecimiento”.

El Estado mexicano reconoció ante la CIDH su responsabilidad por algunas de las violaciones a los derechos humanos de las víctimas, sin embargo, según la Segob, fue el propio gobierno el que pidió llevar el caso ante la corte.

“Ante la posibilidad de que la comisión determinara no considerar el cúmulo de acciones en materia de atención y reparación al caso, el propio gobierno mexicano hizo un llamado a la CIDH para que remitiera el asunto a la consideración de la corte”, dijo.

La CIDH admitió el caso en 2011 y emitió recomendaciones en 2013 para sancionar y reparar el daño causado a las víctimas.