Entre 2015 y 2017, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó 28 casos de violencia obstétrica en alguna institución de salud.
Por ello, al emitir la Recomendación General 31/2017, la CNDH demandó a autoridades de salud federales y estatales diseñar y poner en práctica una política pública que permita prevenir y erradicar violaciones a los derechos de las mujeres en gestación.
La recomendación fue dirigida a los titulares de las secretarías federales de Salud, de la Defensa Nacional y de Marina, así como a los gobernadores y directores del IMSS, ISSSTE y Pemex.
“Es indispensable que las citadas instituciones realicen un diagnóstico o análisis para detectar las necesidades materiales, de infraestructura y de personal que se requieran para satisfacer las demandas obstétricas de la población objetivo, con calidad y calidez, para informarlo a las autoridades legislativas y doten de los recursos necesarios para solucionar las limitantes del sector salud”, planteó la CNDH.
“Deben impulsarse acciones de capacitación y sensibilización continua del personal de salud de la atención gineco-obstétrica, para contrarrestar prejuicios basados en la discriminación de las mujeres y para el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas; así como proporcionar información a las mujeres usuarias sobre sus derechos y cómo ejercerlos”.
Para la elaboración de esta recomendación general, el organismo analizó las recomendaciones emitidas en los últimos tres años.
Entre los casos se ubican la muerte en 2015 de una mujer en el Hospital General de Zona No. 3, San Juan del Río, Querétaro, por malas prácticas médicas; un parto en la carretera del municipio de Santiago Jocotepec, Oaxaca y otro en el estacionamiento del hospital del IMSS en el Puerto de Salina Cruz, ocurridos en 2016; o los fallecimientos de bebés en el Hospital General Regional 251 de Metepec y el Hospital General de Zona 197 en Texcoco, en el Estado de México, así como en el Hospital General de Zona 46, en Gómez Palacio, Durango.
En su estudio, la CNDH encontró que los derechos humanos que más se vulneran de mujeres que requieren atención obstétrica son los referentes a la protección a la salud, a una vida libre de violencia y a la información.
