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Ya hay nuevo titular de Fepade, ¡Aquí te contamos quién es y que ha hecho!

El pleno del Senado de la República eligió a Héctor Marcos Díaz-Santana Castaños como nuevo titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade), en sustitución de Santiago Nieto Castillo, quien fue destituido.

En el marco de la sesión ordinaria que inició el jueves pasado y que se prolongó hasta la mañana de este viernes, de un total de 103 votos se eligió con 93 a favor y siete abstenciones a Díaz Castaños.

El nuevo titular de la Fepade de inmediato rindió protesta ante el pleno. Fue coordinador de asesores durante la gestión de María de los Angeles Fromow al frente de la Fepade, y quedó entre los finalistas del proceso que se desarrolló hace unos tres años en el que fue electo Santiago Nieto Castillo como fiscal.

Es licenciado en Derecho, Universidad de Guadalajara; doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid; posgrado en Ciencia Política en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España y posgrado en Técnicas de investigación Social en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Argentina.

En su labor académica ha desarrollado proyectos y asesorías para instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales. En México para el entonces Instituto Federal Electoral (IFE), el TEPJF, la Fepade, el Conacyt, la Presidencia de la República, OEA, PNUD y la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP).

Colaboró como consultor externo en diversos procesos de reforma electoral en varios estados del país y en el extranjero, entre ellos: Chile y República Dominicana.

En su comparecencia previa ante la Comisión de Justicia, Héctor Marcos Díaz-Santana Castaños expuso que las nuevas expectativas de dicha instancia son ajustarse al nuevo marco legal, hacer eficiente la procuración de justicia, trabajar en la prevención del delito y fortalecer las acciones de blindaje electoral.

Dijo que recibir dinero de la delincuencia organizada debería considerarse como un delito grave, ya que fractura las condiciones de la competencia política y la democracia representativa del país.

Recalcó que con autonomía de normatividad y de ejercicio la Fepade podría responder a la demanda social e impedir que sus resoluciones estén sesgadas por una dependencia o por alguna autoridad.

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