Para tener mayor control de las subcontrataciones que realizan las universidades públicas con terceros, es necesario un análisis a las leyes federal y estatal de Adquisiciones, consideró la presidenta de la Junta del Congreso local, María Luisa Pérez Perusquía.

Tras las irregularidades halladas por las auditorías Superior de la Federación (ASF) y del Estado de Hidalgo (ASEH) en las universidades Politécnica Francisco I. Madero (UPFIM) y Tecnológica de Tulancingo (Utec), que contrajeron convenios con Sedatu e Issste para la prestación de servicios, los cuales subarrendaron, señaló que la legislación permite el esquema.

“Bueno, en estos momentos y como está la ley y sus procedimientos, se permite… Sería cuestión de hacer un análisis puntual, ver la normatividad nacional, federal, la general y, por supuesto, la estatal, detectar si hay algún área de oportunidad para que en algún momento sea cambiada o tener reformas que nos permitan un mayor control”, agregó sobre los subcontratos a las instituciones educativas.

La diputada priísta expresó que se deben reformar las funciones de los órganos de fiscalización interna de los entes públicos, ya que esto permitirá una correcta aplicación de los recursos, así como prevenir sanciones administrativas y conductas que podrían incurrir en delitos.

RECURSOS

El pasado miércoles, la ASEH informó que el 15 de enero solicitó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y a la ASF su intervención luego de detectar un supuesto mal uso de la Utec por 93 millones 532 mil 592.42 pesos durante el ejercicio fiscal 2016.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) firmó un convenio con la universidad, que debía prestar un servicio de administración, desarrollo, mantenimiento y soporte de aplicaciones, lo cual incumplió.

Marisol Flores I Pachuca