Consorcio Rivada señaló que aunque aún no se le notifica la demanda de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la acusación por difamación da la percepción de censura.
“Una demanda por difamación por parte de un gobierno genera la percepción de censura e inhibe la inversión privada en proyectos públicos”, señaló la empresa en un comunicado.
Ayer, la SCT informó que presentó una demanda por daño moral en contra del Consorcio Rivada Network SRL y su presidente, Declan Ganley, ante el Poder Judicial de la Federación, por la campaña de desprestigio que inició esta empresa después de su legal descalificación en el concurso de la Red Compartida.
Rivada dijo que aunque no han sido notificados de la demanda, ésta es bienvenida, y que el proceso ayudará a demostrar que sus argumentos son ciertos.
El consorcio destaca que esta acción sería la primera en la historia moderna, en la que un Estado demanda por difamación a una empresa o individuo.
“El que un gobierno demande a un individuo o una empresa por difamación constituye un acto de censura en sí mismo e inhibe la participación del sector privado en cualquier contrato de asociación público privada por los riesgos que ello implica”, dice el documento.
Rivada resalta que llama la atención que pese a que en diciembre del año pasado la SCT aseguró que la demanda sería presentada en cortes norteamericanas, finalmente fue presentada en México.