El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) destacó la importancia del proyecto Gobierno Abierto, que busca soluciones a los problemas prioritarios y de alto impacto para la sociedad.

En ese sentido, expuso que 26 estados del país impulsan ejercicios locales de Gobierno Abierto: Cocreación desde lo Local, en los que convergen organismos garantes del derecho de acceso a la información, 80 autoridades y más de 120 organizaciones de la sociedad civil.

Subrayó que con esta iniciativa se propicia la conformación de espacios permanentes de diálogo, los Secretariados Técnicos Locales, para desarrollar entre funcionarios, órganos garantes y organizaciones de la sociedad civil, capacidades para la implementación de planes de acción que les permitan resolver problemas públicos de manera colaborativa.

Asimismo, abundó, se busca que los sujetos obligados en las entidades federativas diseñen e implementen estrategias de Gobierno Abierto guiadas por los principios y prácticas promovidas por el INAI, basados en la transparencia y la participación ciudadana, en ambientes de innovación social y rendición de cuentas.

Refirió que en 26 estados se impulsan ejercicios locales de Gobierno Abierto, en los que organismos garantes del derecho de acceso a la información, autoridades y organizaciones de la sociedad civil convergen y colaboran en la identificación de problemas públicos y en la definición de alternativas de solución en las que el gobierno y los ciudadanos puedan colaborar en conjunto.

A la recha, precisó el Instituto, se han publicado 10 planes de acción local en los estados de Morelos, Durango, Veracruz, Oaxaca, Tlaxcala, Coahuila, Zacatecas, Jalisco, San Luis Potosí y Campeche, que contienen 62 compromisos puntuales orientados a promover la apertura de las instituciones gubernamentales.

En 2015 se sumaron a la iniciativa en Morelos, Durango, Oaxaca, Baja California, Tlaxcala, Hidalgo, Chiapas, Jalisco, Zacatecas, Coahuila, San Luis Potosí, Tabasco y Veracruz.

En 2016, hicieron lo propio, Sonora, Sinaloa, Nuevo León, Campeche, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Querétaro y Chihuahua, y durante 2017 se sumaron las entidades de Guanajuato, Quintana Roo y Baja California Sur.