Poco más de la mitad de las 227 denuncias que la Secretaría de la Función Pública (SFP) interpuso en la última década ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra funcionarios públicos federales fueron por enriquecimiento ilícito.

Este delito, de acuerdo con cifras proporcionadas por la dependencia vía la ley de transparencia, es en el que más incurrieron los servidores públicos y por tanto es el que más denuncias acumuló de 2008 a 2017 al sumar 130.

El 93 por ciento de los casos de enriquecimiento ilícito fueron denunciados durante el actual sexenio, encabezado por Enrique Peña Nieto.

De 2009 a 2012, durante la administración panista de Felipe Calderón, la SFP presentó ante la PGR nueve expedientes de funcionarios cuya evolución patrimonial era inconsistente con sus ingresos.

En la administración actual, del priista Enrique Peña, los casos se incrementaron, en 2014 fueron denunciados 14 funcionarios; en 2015, sumaron 19; en 2016, se elevaron a 44 y, en 2017, también fueron 44.

El segundo delito más frecuente que cometieron los funcionarios fue el de uso indebido de atribuciones y facultades, que sumó 45 denuncias; en tanto que el tercero fue el de ejercicio indebido del servicio público, al concentrar 30 acusaciones.

El 1 de octubre del año pasado, el diario Reforma dio a conocer el caso de 76 funcionarios denunciados por la SFP ante la PGR durante 2016 y 2017 por enriquecimiento ilícito, los cuales en su conjunto habían amasado una fortuna de 499.1 millones de pesos.

De los funcionarios denunciados, 26 trabajaban en Pemex y durante su paso por la empresa se hicieron de un patrimonio que, en su conjunto, sumó 216.5 millones de pesos.

Los otros ilícitos por los que han sido denunciados los servidores públicos en la última década, pero que tienen una menor incidencia, son peculado, que acumuló 10 denuncias; ejercicio abusivo de funciones, con cinco; abuso de autoridad, con tres; y dos cada uno tuvieron el cohecho y contra la administración de justicia.

La SFP es la instancia encargada de investigar las irregularidades administrativas de los funcionarios federales; sin embargo, si considera que además de la falta administrativa se configura un delito, está obligada a presentar una denuncia ante la PGR.

En su respuesta, la SFP dijo desconocer cuál ha sido el resultado de las denuncias presentadas, bajo el argumento que corresponde al MP integrar las averiguaciones y determinar si se cometió o no el delito y, en su caso, hacer la consignación.

Staff l Agencia Reforma