Un intento de suicidio, el abandono de la secundaria, un embarazo no deseado, así como el inicio de un proceso legal en el que se tuvo que demostrar la violación contra un menor de 13 años, consigna la causa penal 79-2016, que se lleva en el Juzgado Segundo Penal de Tulancingo.

“Mi nieta sufrió una violación en diciembre del año pasado. Se tardó en decirme, lloraba. Me di cuenta porque no le bajaba e incluso ella intentó colgarse del techo de mi casa”, narró en entrevista a Criterio la abuela de la adolescente.

Debido a que acudieron cuando Lilia tenía 12 semanas de gestación, las autoridades no permitieron la interrupción del embarazo. El personal del Ministerio Público de Tulancingo les informó que para iniciar una denuncia debían presentar pruebas como lesiones en el cuerpo de la niña; incluso, líquido seminal del agresor.

En Hidalgo, de acuerdo con el Código Penal, se podrá interrumpir legalmente la gestación cuando la persona señale como causa el delito de violación, siempre que el embarazo no sobrepase los 90 días; de lo contrario, el Estado tiene la posibilidad de negarlo, argumentó la presidenta de la Red por los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos de Hidalgo (Ddseer), Bertha Miranda Rodríguez.

El caso de Lilia se denunció cuando tenía ella tres meses de gestación.
“Las víctimas no denuncian por el contexto y las características del agresor, que generalmente las amenaza”, agregó la activista.

“A mi nieta, esta persona la violó en diciembre. Él es mi vecino. Un día llegué y la vi bien morada, no me dijo nada. Esta persona la amenazó de que si decía algo le pasaría algo a mi otra nieta. Vi que no le bajaba y la llevé con el médico. Ella lloró y me confesó lo que había pasado”, narró su abuela María Eva López Castro.

Cuando se inició la denuncia, detalló, el personal del Ministerio Público no creía que se tratara de una violación, pero tras las investigaciones se desprendió la causa penal 79-2016, radicada en el Juzgado Segundo Penal de Tulancingo.

Previo al proceso legal, la defensa del acusado ofreció a la familia de Lilia 60 mil pesos para que retiraran la denuncia. López Castro expresó que tras esta situación ha sido víctima de malos tratos y amenazas por parte de personal de este juzgado, situación por la que el pasado 30 de septiembre presentó una queja ante el Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo (TSJH) para que inicie un procedimiento administrativo.

“Ahora, mi nieta tiene un niño, le dije que lo diera en adopción, pero no quiso. Ya no va a la escuela; iba en primero de secundaria. Va a cumplir 13 años el primero de noviembre. Yo me hago cargo de ella desde que era un bebé y la voy a apoyar en lo que decida”, expresó.

De enero a agosto de 2016, en Hidalgo se han denunciado 272 violaciones, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

DE BUENA FE…

Desde el 24 de abril de 2016, en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó la modificacion a la norma oficial mexica 46, misma que garantiza a las mujeres víctima de violación, bajo el principio de decir verdad (principio de buena fe de la Ley General de Víctimas) la interrupción del embarzo, conforme a lo previsto por la ley, en instituciones públicas de atención médica.