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Los falsos zetas y la complicidad oficial

Yanqui Tío es la clave con la que, supuestamente, Los Zetas identificaban a Raúl Batres Campos, jefe regional de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) durante el sexenio de Miguel Osorio Chong, detenido el 25 de junio de 2009, en Pachuca, por la Policía Federal (PF).

Cuando sufría ataques de epilepsia, el interno del Centro Federal de Readaptación Social Oriente, ubicado en Villa Aldama, Veracruz, era bañado con agua helada y, en alguna ocasión, fue picado con una jeringa como medida correctiva para que, según los custodios, dejara de fingir. Por el posible sometimiento a tratos inhumanos y crueles, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al gobierno mexicano un informe para evaluar la posible implementación de medidas cautelares.

A Batres Campos lo acusó Pitufo, un testigo colaborador que ahora está prófugo, de recibir dinero para permitir el trasiego de droga de Los Zetas y el ajuste de cuentas contra miembros de La Familia Michoacana. Desde el 15 de septiembre de 2009 era reo federal.

De los 143 policías detenidos ese año, sólo nueve siguen recluidos. Uno de de los presos era Raúl Batres, que tras su liberación permanece desaparecido. A él también lo señaló José Manuel Escobedo Delgadillo, El Oso, un exmiembro de la Secretaría de Seguridad Pública de Pachuca que fue detenido por secuestro, pero develó la presunta red de protección del narco en Hidalgo, de pasar información a El Mascafierros, entonces jefe de plaza, designado por Heriberto Lazcano Lazcano.

El resto, 134, fue liberado por irregularidades en sus procesos y falta de elementos para acreditar el delito del que se les acusó.

Por las pruebas que valoró, un juez federal reconoció en octubre de 2015 (sentencia en autos de la causa penal 124/2014-IV), que Los Zetas “infiltraron” a las policías que había en la entidad, e incluso a corporaciones federales, “todo ello permitiéndole un mayor margen de maniobra y asegurándole impunidad, pues incluso los secuestros eran solapados por las mismas autoridades policiacas”.

Sin embargo, el abogado Faustino David Aboites, quien llevó la defensa legal de 30 exagentes liberados, expuso que si fueron absueltos quienes eran “penalmente” responsables de la “impunidad” del cártel al no encontrar elementos en su contra, o por inconsistencias en el proceso, como las declaraciones cambiantes de El Oso y las versiones no comprobables de los testigos protegidos, ahora no hay culpables en prisión por la protección que recibió, durante una década, el grupo criminal en Hidalgo, pese a que los mismos delatores que llevaron a prisión a los 143 también inculparon a exmiembros del gobierno estatal, que nunca fueron vinculados a proceso.

Los intocados: ¿protección y omisión?

Por imputaciones de El Oso, que también se asumió como enlace de Los Zetas con la cúpula gubernamental y encargado de pagar la narconómina, fueron procesados mandos y tropa, excepto Damián Canales, Roberto Terán Contreras y los presuntos involucrados en el asesinato de Marcos Souverbille González 19 de septiembre de 2007 en un paraje de Ocotillo, en Huasca, donde el cuerpo inerte quedó perforado por el metal caliente, con 20 casquillos percutidos hallados en la periferia.

En su declaración del 16 de junio de 2009, que posee Criterio, Escobedo Delgadillo afirmó que Canales Mena “se encuentra relacionado con Los Zetas y es el encargado de todos los operativos que se llevan a cabo, poniendo los puntos fijos en las salidas y entradas de Pachuca”; es decir, “asignaba patrullas para vigilar y estar informado de las autoridades policiacas que ingresaban al estado”. Esto, explicó, para poner sobre aviso al cártel de Heriberto Lazcano.

No obstante, en una siguiente declaración se retractó: “Sólo lo referí porque en sus actividades realiza puntos fijos, pero no por ello quiero decir que esté actuando fuera de la ley o que trabaje para Los Zetas”. Retractarse y sumar acusaciones es la constante de su proceso, en el cual señaló que fue torturado para incriminar, mas no se le practicó el Protocolo de Estambul.

De acuerdo con el expediente de la causa penal 150/2009, el autodenominado zeta presentó heridas cuando fue puesto a disposición del MP, que, según la médico María del Refugio Ramos Galván, quien certificó su estado de salud tras la detención y fue citada para comparecer, “pueden ser producidas por cualquier objeto contundente: puede ser un palo, un arma o una caída, entre otras cosas”.

El Oso también inculpó a Terán Contreras, entonces secretario de Seguridad de Pachuca, sometido en Casa Rule, sede de la presidencia, y trasladado en el convoy a las instalaciones de la SIEDO en la CDMX, pero que, a diferencia del resto de agentes, no fue arraigado.

En el camión blindado de la PF  “el capitán” enmudeció: rostro airado, miraba con desdén a su escuadrón caído en mal, “moviendo la cabeza de un lado a otro, molesto”, narra El Testigo, un expolicía detenido el mismo día, el 24 de junio de 2009, trasladado en aquel operativo.

Pronto, recuerda, un elemento de la PF gritó: “A ver, dónde está Roberto Terán”. Él contestó y lo separaron del grupo. Para ese entonces, piensa, alguien ya había conseguido un “acuerdo”.

Horas antes habían sido detenidos, sin orden de aprehensión, ni siquiera de presentación; los “cazaron” en las avenidas de Pachuca. Algunos subieron a golpes; otros, a engaños, como El Testigo, exonerado en 2015. A él lo acusó El Oso de proteger a Los Zetas.

En su declaración del 21 de junio de 2009, Terán señaló que “se dio a la tarea” de investigar a su personal y formó un expediente “con datos y conductas ilícitas de los involucrados” con el crimen organizado. Nunca antepuso el término de “presuntos”, sino que acreditó, sin ser juez, la comisión de delitos. Entregó, por lo tanto, 69 hojas tamaño carta con fotos y datos de los elementos a quienes inculpaba. A cambio de ello, fue liberado.

Una irregularidad, según el abogado Aboites, pues Terán –que había sido incriminado– no es un “órgano investigador”, y “si se percató de anomalías en su corporación debió dar parte a la PGR”, mas no lo hizo, sino hasta que fue detenido y trasladado a la SIEDO.

“Nunca da un sustento jurídico o una explicación lógica que lleve a pensar que lo hizo sin buscar ningún beneficio (como evadir el arraigo). Se nota que lo hizo con una finalidad. ¿Cuál? Seguramente él la sabe”, expuso el litigante.

Por las pruebas del capitán Terán, cuya matrícula, fecha de ingreso, cargos y ascensos que obtuvo, así como adiestramiento militar fueron clasificados como reservados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) –solicitud 000070011871–, la PGR sumó imputaciones contra 50 de subalternos, y no tomó en consideración las acusaciones en contra de quien sería subsecretario de Transporte.

Según El Oso, él “recibía dinero de Los Zetas a cambio de brindar protección” y avisar sobre operativos. Lo sabía, afirmó, porque él era encargado de pagar la “narconómina”, rol que después asumió su jefe en la corporación.

“Posteriormente les empezó a pagar el capitán Terán, a quien le hacían llegar los sobres de dinero y éste a su vez los repartía a dichos servidores públicos”. Diez mil pesos, según su dicho, era el sueldo de “la empresa” para policías municipales, pero no revela la percepción del director de Gobernación en el sexenio de Adolfo Lugo Verduzco.

Pero el supuesto involucramiento del crimen organizado con el poder alcanzaba otros niveles en las estructuras de seguridad, según testimonios de autodenominados operadores, quienes, a diferencia de los que llevaron a prisión a 143 policías, no fueron valorados de la misma forma.

Abatido el 12 de mayo en Calzada de Veracruz, Pachuca, José Augusto Vega Pacheco, El Pino, presunto exenlace entre los cuerpos de seguridad y Los Zetas, testificó en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO, ahora SEIDO), en noviembre de 2011, que en la nómina del ahora exbrazo armado del Cártel del Golfo estaba un agente de la Policía Ministerial comisionado a la escolta de un ahora exgobernante.

“Le llamé para que se arrimara para su pago y a él yo lo vi por la Preparatoria número 3, y esa ocasión yo le entregué la cantidad de diez mil pesos, y como él ya venía colaborando desde que estaba La Chela (exencargada de pagar la narconómina); es decir, desde hace más de un año, y lo vi y platiqué con él y le dije que tenía que continuar laborando para la organización, y me dijo que sí.

“Le dije que en la misma línea; es decir, nos tenía que avisar de lo que supiera, y cuando andaba con el gobernador de escolta me decía a dónde iban y con quiénes iban y si había mucha seguridad y me indicaba que acababan de pasar por la carretera y que había tope; es decir, que había de seguridad, de la policía que fuera”.

Por esa actividad, según El Pino, quien reclutó a Escobedo, este escolta, cuyo nombre no revela, cobraba 10 mil pesos.

Aunque la información relativa a guardias de gobierno está clasificada como reservada (solicitud 00088915), Criterio corroboró que ningún integrante de este séquito está inmerso en una investigación.

En la causa penal 4/64/2009, iniciada en el juzgado del segundo distrito de Tepic, Nayarit, aparece el testimonio de El Oso sobre el asesinato de Marcos Souverbille, secretario de Seguridad durante el sexenio de Osorio, que secundó a dos ejecuciones de comandantes, un ministerial y el delegado de la policía estatal en Actopan; de 15 tiros este último:

“Esteban Reyes, Jesús Garcés Jiménez y Guillermo Lugo, todos integrantes de la policía ministerial, así como Esteban Olvera, Franco Bustos y Sampayo, todos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, protegieron para que se fugaran los sicarios El Gato, El Kawachi y El Nica, integrantes de Los Zetas que mataron al entonces secretario de Seguridad Pública de nombre Manuel Souverville (sic)”, a quien cerraron el paso y dispararon cuando circulaba en su camioneta Sonora, placas HKN 7716.

Sólo Jesús Garcés Jiménez, El Jarocho, sigue recluido en el Centro Preventivo Santiaguito, Almoloya de Juárez, en  Estado de México, junto con El Oso. Ambos fueron condenados a 18 años con nueve meses de prisión, de acuerdo con la sentencia emitida el 1 de octubre de 2015 (causa penal 124/2014-IV). La pena, no obstante, fue por delincuencia organizada y delitos contra la salud, mas no por el asesinato del exjefe policial que recibió una descarga de 20 tiros, cuyos casquillos fueron hallados en el andurrial.

Los Zetas, sin embargo, no sólo reclutaban con poder y dinero. Un excomandante de la policía de Actopan (cuyo nombre se omite por seguridad), aprehendido en noviembre de 2011, declaró que tuvo que omitir acciones porque su familia estaba amenazada de muerte.

“¿Sabes qué, wey?, tenemos la dirección a donde va a la escuela tu hija. Tu hija es una güerita, alta, nalgoncita, bien buena. ¿Quieres que no le pase nada? Alinéate. Sabes de qué estamos hablando, no te hagas pendejo. Tenemos vigilada tu casa”, le advertían por teléfono. Por ello, reconoció, dejó de asignar operativos y liberó de vigilancia las vías que se le encomendaban. Dos meses duró como “zeta”, hasta que fue detenido.  

 

Los últimos presos

Julio César Sánchez Amador, recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Uno, El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Edomex, sentenciado a 18 años con nueve meses de prisión y siete mil 969 días de multa, fue diagnosticado con diabetes mellitus antes de su entrada al Cefereso de Veracruz, por lo cual recibía tratamiento.

Sin embargo, en el reclusorio no tuvo atención, debido a que, según los médicos de ese lugar, “el señor no es diabético”. A pesar de que sus familiares insistieron en que se le practicaran estudios para comprobar su enfermedad, los servicios de salud del penal se negaron.

Él fue culpado porque la clave “Pachuquilla” aparece en un documento en una memoria USB (que integra la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/106/2009) que fue asegurada en una presunta casa de seguridad en la colonia Santa Julia, de Pachuca. Ésa, supuestamente, es la que le pertenecía al ser director de Seguridad en Mineral de La Reforma.

Cuando rindió su primera declaración, El Oso afirmó que tenía aproximadamente año y medio de conocer a Jesús Garcés El Jarocho o Soler, extitular de la Unidad Antisecuestros de la Policía Ministerial. Su función, aseguró, por 50 mil pesos, era la de secuestrar y quitar órdenes de aprehensión a integrantes de Los Zetas.

En su ampliación de declaración, el 16 de junio de 2009, dijo que Garcés entrenaba zetas en tiro y defensa personal. También investigaba a las personas que vendían droga, para ver si eran “contras” de la maña: miembros de la Familia Michoacana.

Angélica Nieto Acosta, esposa de Soler y responsable de su defensa legal, consideró que este caso se debe a pugnas y compromisos políticos tanto del gobierno de Calderón como el de Miguel Osorio. Asimismo, negó las acusaciones en contra de El Jarocho.

“No sólo él fue traicionado, sino todos. Se generó un conflicto político entre poderes en ese momento entre el estado (con mandato del PRI) y el gobierno de la República (de administración panista), y creo y considero que los paganos fueron los muchachos. Para el sistema no fue más que una lucha más en contra del narcotráfico, para el gobierno estatal un distractor y un ascenso silencioso al gobierno de la República”, dice la abogada en relación a la llegada de Osorio Chong a la Secretaría de Gobernación, y la posibilidad de una candidatura por el PRI para ocupar el cargo que ahora ostenta Enrique Peña Nieto. 

“Las consecuencias subsisten, pues sólo quedan recluidos los mandos, los que en algún momento fueron imagen del estado e incluso recibieron reconocimientos por su labor y desempeño; muchos de ellos, con una capacitación y preparación distinta a la de otros policías”, insistió.

Julio César Sánchez y Jesús Garcés fueron sentenciados a 18 años de reclusión por ser “penalmente responsables de delincuencia organizada en la hipótesis de delitos contra la salud agravado”, e inhabilitados para desempeñar cargo o comisión pública.

No obstante, en 2016 se suspendió la sentencia en contra de ellos y el resto del grupo de nueve “culpables”, y se repuso el proceso, “precisamente por después de siete años se detectaron violaciones a los derechos humanos y al debido proceso”, expuso la litigante.

“En un principio los golpeaban, los sacaban en la madrugada, los desnudaban y los mojaban, les daban de comer muy poco y en ocasiones la comida estaba echada a perder, se enfermaban del estómago, desarrollaron hongos en piel”.

Del cártel tutelado por El Lazca, la PGR sabía –con base en radiografías delictivas que elaboró, a las cuales tuvo acceso Criterio– que operó en Hidalgo a partir de 2000, segundo año del sexenio de Manuel Ángel Núñez Soto, quien sucedió a Jesús Murillo; aunque la División Antidrogas de la PF, en el informe PF/DA/DEJA/0065/2011, asegura que fue desde 2004. Además, añade que la Familia Michoacana ingresó en 2009, cuarto año de Osorio.

De acuerdo con ese informe de inteligencia de la PF, cobraban derecho de piso a comercios y vendedores ambulantes, además de secuestrar y trasegar droga, tenían dos células: Los Cotorros y Los Lancheros. La PGR, a su vez, supo de una bodega en la colonia La Loma, en Pachuca, que utilizaban para guardar vehículos, y de una casa de seguridad en avenida El Roble, fraccionamiento Villas de El Álamo. También que por la vía México-Laredo les llegaban tráileres robados y cargamentos de metanfetaminas.

No obstante, si las declaraciones que fueron base para encarcelar policías se obtuvieron mediante tortura, como acusó el principal delator de la “estructura zeta”, los dichos carecerán de valor en el proceso penal, el cual tendría que ser restituido, debido a que este testimonio es la única prueba.

Al no haber penalmente responsables de la protección al cártel, las muertes, secuestros, corrupción y trasiego de droga durante tres sexenios quedarían impunes.

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