Ante el retiro de la concesión del municipio de Mineral de la Reforma a la empresa Valorización de Residuos Sólidos Urbanos de México (Valorsum) para la disposición de la basura, integrantes del Frente Ciudadano Tizayuca exigen que autoridades de su municipio eviten la instalación de la incineradora de basura, la cual han rechazado desde hace dos años.

Los quejosos dijeron estar preocupados porque, pese al incumplimiento de los estándares de seguridad ambiental, el alcalde Gabriel García Rojas defiende su instalación con el argumento de la generación de empleos.

“Es evidente una gran ignorancia por parte del edil y del personal que ocupa el área de Ecología y Medio Ambiente, pues no tienen los conocimientos especializados ni la visión que se requiere para diseñar y operar un plan de ecología acorde a las necesidades del municipio”, indicó uno de los inconformes.

Según los habitantes, el gobierno local maneja un “doble discurso”, pues las autoridades se pronuncian en favor de proteger los recursos naturales, pero, al mismo tiempo, se desentienden de problemas en la materia que afectan a la región.

La política pública ambiental “se reduce a la plantación de arbolitos”, usada por el edil con fines políticos y para tratar de rescatar su imagen, aseguraron los pobladores.

De acuerdo con los integrantes del frente, en la demarcación se ha permitido la construcción desmedida de fraccionamientos sin una previa consulta a la ciudadanía. “Las consecuencias son la escasez del agua y el incremento de problemáticas sociales no atendidas”.

Además, el río Papalote arrastra los desechos derramados por las industrias establecidas en la zona; la alcaldía abrió “un bioparque no autorizado por científicos, construido sobre un basurero y que se explota con eventos infantiles que en la mayoría de los casos tienen tintes políticos”.

Calificaron a las empresas asentadas en la zona como “depredadoras” de las reservas de agua.

La semana pasada, el Cabildo de Mineral de la Reforma revocó la concesión de 20 años a Valorsum por incumplir las cláusulas de generar electricidad con la incineración y por no sanear la totalidad de los residuos.

El empresario Ernesto del Blanco, dueño de Operadora Mersi, excontratista del gobierno durante el sexenio anterior, es socio de la empresa procesadora de desechos sólidos.

Sara Elizondo I Pachuca