Pachuca, HGO.

Jun 29, 2017

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Universidades en el triángulo de la corrupción

En México aumenta el número de pobres al tiempo que se diversifica el fraude institucional

En México aumenta el número de pobres al tiempo que se diversifica el fraude institucional. Pemex, la Sedesol, el IMSS y la Sagarpa han transferido miles de millones de pesos a universidades mediante contratos adjudicados de manera directa, que invariablemente terminan en manos de personas físicas y morales. Se trata de un patrón, según bosqueja la Auditoría Superior de la Federación, con el que se ha perpetrado un cuantioso daño patrimonial en perjuicio de la población más vulnerable.

Por: Ana Lilia Pérez

 

EN MÉXICO las formas para el desvío de recursos no tienen límite, tampoco la mecánica con la que las arcas públicas se vacían. Una de las prácticas cada vez más recurrente es la utilización de universidades y otras instituciones educativas, a las que funcionarios de dependencias federales y secretarías de Estado contratan mediante convenios adjudicados de manera directa para servicios que muchas veces no se realizan, o se subroga a compañías previamente pactadas, algunas de las cuales existen solo en papel, tienen giros comerciales completamente distintos o, de plano, están relacionadas con los funcionarios contratantes.

Las universidades usan también la supuesta asignación de “becas educacionales” para la transferencia de recursos a personas físicas, o “asesorías” para el dinero que se transfiere a personas morales.

La modalidad de triangulaciones y simulaciones descrita empezaron a utilizarla funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex), que a través de sus subsidiaras Pemex Exploración y Producción (PEP) y Pemex Refinación (PR) se valieron, primero, de la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR), para realizar “convenios” de asesoría y servicios diversos con la finalidad de triangular el dinero petrolero. Y lo han hecho durante años.

En 2011, por ejemplo, de las chequeras de Pemex Exploración y Producción y Pemex Refinación se le transfirieron 539 millones 465,500 pesos mediante convenios para servicios diversos. La justificación fue la supuesta capacidad de la UNACAR para los trabajos, pero, una vez firmados los contratos, esta subcontrató diversas compañías que tampoco tenían los perfiles para tales proyectos. Se trataba de simulaciones de servicios.

Para esos momentos, entre la petrolera y la universidad, aquello era una práctica cotidiana, solo que a los agentes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) les llamó la atención la incidencia de tales contrataciones y los montos cada vez mayores, así que los pusieron bajo su lupa. De su revisión a los convenios con la UNACAR concluyeron que los funcionarios de la petrolera usaban esa modalidad para eludir los procesos licitatorios, porque la institución educativa no contaba con la capacidad, organización, elementos técnicos y humanos para los cuales se le contrataba.

Una vez que se comprobaron las irregularidades en esa modalidad de contratación, las autoridades podrían haberlo frenado, pero los hechos indican que en México la corrupción entre los funcionarios públicos es modelo a seguir. Otras dependencias federales recurrieron al mismo esquema con instituciones educativas que, por muy pequeñas, recibieron “convenios” para contratos con muchos ceros.

DE RECINTOS DE ESTUDIO A CONTRATISTAS DISCRECIONALES

En 2012, en la misma modalidad, diversas universidades del país se convirtieron en receptoras de convenios para contratos adjudicados por funcionarios de distintas áreas. Ese año, desde 17 dependencias federales se transfirieron 3,692 millones 357,100 pesos mediante “convenios” con universidades para supuestos servicios, a través de 305 contratos. Ninguno se sometió a proceso de licitación y las instituciones educativas tampoco acreditaron su capacidad técnica ni de recursos humanos. Los servicios que facturaron nada tenían que ver con su objeto social: la educación.

En 2012 los funcionarios de Pemex sumaron a las universidades Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), Popular de la Chontalpa (UPCH), Politécnica del Golfo de México y el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco en sus “convenios” millonarios.

Ninguna de estas tiene entre sus objetivos actividades o servicios para la industria petrolera, tampoco capacidad técnica ni recursos humanos. A medida que cada una recibía los contratos —siempre por adjudicación directa—, subcontrató empresas diversas; unas existían, otras no. Y tales subcontrataciones generaron incrementos y sobreprecios en los trabajos, además de que en muchos casos no existe evidencia de que estos se realizaran.

Por ejemplo, la Popular de la Chontalpa (UPCH): es un centro educativo creado en 1995 en el municipio de Cárdenas, Tabasco, que en 1998 obtuvo su registro como institución de nivel superior. Su objetivo es “impulsar y consolidar la educación superior” a través de carreras de licenciatura e ingenierías, pero nada relacionado con los servicios contratados por Pemex.

Entre otros, se le encargó la “implantación, actualización y optimización del PM-SAP R/3 de la coordinación de mantenimiento a equipo dinámico y sistemas auxiliares del activo integral aceite terciario del golfo”, que es uno de los proyectos estratégicos para el Activo Chicontepec. La universidad subcontrató el 95.9 por ciento, con la respectiva transferencia del dinero, mediante contratos individuales con personas físicas que ni pertenecían a la institución, ni tampoco tenían el perfil para los servicios.

El camino para esta modalidad de contratación siguió allanado. Para 2013, los funcionarios de Pemex adjudicaron más contratos directos por convenio a la UNACAR, también a la UPCH y a la Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), que tiene su sede en Villahermosa.

La Auditoría Superior de la Federación auditó algunos de esos contratos y cuestionó a los funcionarios de Pemex que se contratara a universidades cuyo perfil no coincidía con los servicios requeridos. Estos pretextaron que mediante diversos escritos las universidades habían ratificado que contaban con la capacidad técnica para la ejecución de los servicios solicitados, “por lo que de acuerdo con el principio de buena fe que rige los actos jurídicos y la función administrativa, Pemex Exploración y Producción estaba obligado a creerle a las universidades”.

Ese año, funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), con Rosario Robles como su titular, se subieron en ese tren de contrataciones discrecionales, a pesar de que durante dos años consecutivos la ASF había advertido los tintes de opacidad y de “graves irregularidades” que implicaban.

Solo en 2013, la Juárez Autónoma de Tabasco facturó 1,075 millones 960,700 pesos mediante siete convenios de servicios, seis de estos de Pemex Exploración y Producción y uno de Sedesol, por 15 millones 804,200 pesos, a cuenta del programa estrella de la administración de Enrique Peña Nieto: la Cruzada Nacional contra el Hambre.

En su revisión a tales convenios, de nuevo la ASF encontró múltiples irregularidades. Por ejemplo, trabajos subcontratados y las subcontratistas a su vez subcontratando otras empresas. Cuando los auditores las buscaron, algunas curiosamente habían cancelado sus operaciones ese año y otras no fueron localizadas.

Para los servicios que le contrató Sedesol, la UAJT reclutó a personas que no eran parte de la universidad, sino externos a quienes transfirió su pago —sin contrato de por medio— bajo concepto de “ayuda social”.

El mismo año Pemex transfirió 1,523 millones 684,400 pesos a la Popular de la Chontalpa (UPCH), a cambio de nueve convenios por servicios diversos. La UPCH recurrió a la misma mecánica que la UAJT: subcontratar empresas que, a su vez, subcontrataron otras, y entre cada “subcontratación” se iban dispersando los dineros de Pemex a distintas cuentas bancarias. Los supuestos especialistas contratados no pudieron acreditar perfil ni experiencia en los servicios que la UPCH facturó a Pemex. La auditoría a tales convenios se convirtió en un rosario de evidencia de daños patrimoniales, incluidas dos multas a la UPCH por negarse a entregar la información y documentos que la ASF debía fiscalizar.

Ese 2013, mientras que el presidente Peña Nieto activamente promovía la reforma energética como panacea también para sanear la corrupción en la industria petrolera, los funcionarios de la paraestatal transferían más millones a través de la Universidad Tecnológica de Tabasco (UTTAB), que facturó 982 millones 616,800 pesos por labores que supuestamente realizaría en diversas zonas petroleras.

La UTTAB, que tiene su sede en Villa Parrilla, en el municipio de Centro, recurrió a la misma modalidad que la UNACAR, UAJT, UPCH. Subcontrató diez empresas, a seis personas físicas y cuatro de esas empresas a su vez subcontrataron otras 24 empresas y a seis personas físicas. Algunas de las subcontratadas no fueron localizadas por los auditores de la ASF. Otras, domiciliadas en la Ciudad de México que facturaron a la UTTAB los trabajos que esta facturó a Pemex, estaban suspendidas desde hacía meses y en proceso de aseguramiento precautorio de las autoridades hacendarias.

Las facturas eran por limpieza, renta de baños, renta de aulas, servicios de alimentación, es decir, nada relacionado con los trabajos que aparentemente Pemex contrató.

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