Las fracciones de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN) y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) votarán contra la iniciativa de reforma para crear el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA)  si no se modifica el esquema de listas para proponer a los fiscales a cargo del Poder Ejecutivo; además, insisten en que se debe incluir al gobernador en el apartado de juicio político, en el  artículo 150.

En reunión realizada la tarde de ayer, los legisladores de oposición también plantearon al titular de la Unidad de Planeación, Laman Carranza, que los fiscales especializado en delitos electorales y en delitos de corrupción, así como que el procurador de justicia de Hidalgo, duren cinco años en el encargo.

La modificación de esa temporalidad ya se logró, confirmaron asesores de  los diputados del bloque PAN-PRD-Morena, pues la iniciativa que el mandatario Omar Fayad envió al Congreso el 2 de marzo pasado sólo otorga tres años a los titulares de las fiscalías.

Previo a la junta con Carranza, el coordinador de la bancada panista, Luis Baños, expresó que un periodo más largo para los fiscales conllevará una mayor independencia y evitar “agradecimientos para quien lo puso”.

“En otras entidades, incluso se habla de siete años para que pueda ser transexenal y lograr una justicia objetiva e imparcial”, agregó.

Asimismo, las fracciones del PRD y PAN buscan que las listas que proponen a los fiscales especializados no sean hechas por el Ejecutivo, sino mediante una convocatoria abierta, de la cual se encargue una comisión creada para ese fin, apuntó.

También requirieron eliminar el numeral III del párrafo segundo en artículo 92, pues señala que, “si  pasados diez días naturales de haber sido enviadas las listas de candidatos el Congreso no realizare los nombramientos respectivos”, las designaciones de esos funcionarios las hará el titular del Ejecutivo.

De acuerdo con Baños y la coordinadora perredista Margarita Ramos Villeda, los diputados del Revolucionario Institucional (PRI) no desean que la propuesta del Ejecutivo se modifique.

Por ser una reforma constitucional que requiere mayoría calificada (dos terceras partes), recordaron, necesitan el voto en contra de al menos 11 diputados para que, en caso de no ser analizada a fondo, la aprobación de la iniciativa no prospere en los términos actuales.