Ni vecinos de la colonia Iturbe ni ejidatarios de San Francisco Bojay permitirán la construcción del gasoducto ramal Tula, hasta que las empresas responsables de la obra garanticen, por medio de un plan de emergencia, la seguridad de la población, indemnicen por la devaluación de la tierra, o bien, pase la línea de conducción a dos kilómetros de sus terrenos.

Acusaron los dueños de los ejidos que las compañías encargadas de construir el gasoducto trataron de “engañarlos”, pues intentaron negociar de manera particular con cada campesino.

“No consideraron que para el permiso deben contar con la autorización de la máxima autoridad del núcleo ejidal, que es la asamblea, a la cual no se le consultó y por ello no se dio el visto bueno. El 95% de campesinos estamos en contra del paso del gasoducto, ya que éste significa un gran riesgo para la población”, indicó uno de los lugareños.

Los inconformes mencionaron que en algunos tramos ya colocaron tubos, los cuales sólo han sido cubiertos por medio de tierra, y no por algún otro material que pudiera evitar daños como la corrosión.

“En las siete hectáreas afectadas por la obra hay riego de sembradíos; por tanto, existe humedad. Esto puede causar daños en la tubería, lo que supone un riesgo para los habitantes”, acusó el ejidatario.

El 14 de septiembre de 2017 comenzaron las charlas entre los campesinos y las organizaciones constructoras, quienes afirman que el ducto de gas no representa peligro. Sin embargo, los pobladores de la zona opinan lo contrario, porque el gas natural tiene un nivel 4 de explosividad.

Jesús González l Tula