La Procuraduría General de Justicia del Hidalgo (PGJH) señaló que la defensa legal de los indígenas del Valle del Mezquital que acusan de despojo a la cementera Santa Anita de Santiago de Anaya, propiedad del empresario Carlos Slim Helú, no ha logrado acreditar el delito, lo que no permite consignar la Averiguación Previa (AP). 

El vocero de la dependencia, Fernando Hidalgo Vergara, informó a Criterio que las medidas de colindancia que los comuneros refieren no coinciden con el dictamen topográfico que la PGJH realizó, por lo que para ellos no es posible constatar que la instalación de postes de alta tensión se llevó a cabo en sus predios.
“Ellos dicen que sus propiedades tienen cierta extensión, pero éstas no corresponden a lo que establecen las medidas y colindancias. Por lo que, en este momento y de acuerdo con las medidas topográficas, los postes están en vía federal; (es decir) no hay delito hasta el momento.
“No se consigna por esa razón: si no se demuestra, el juez penal devolverá la averiguación con un apercibimiento al Ministerio Público para que rectifique su determinación y concretice las dos partes legalmente obligatorias en una AP: el tipo penal y el probable responsable. Aquí sólo hay uno, el probable responsable, que es la cementera”, expuso Hidalgo Vergara.
El vocero coincidió que, como citó el abogado defensor Óscar Cordero Huerta, son cinco denunciantes en la AP 1/II-494/2013, mientras que el resto de agraviados, más de cien de los municipios Santiago de Anaya, San Salvador y Actopan, no se han presentado.
De hacerlo y mostrar pruebas que acrediten el delito, podrá consignarse la averiguación, añadió.
Según el jurista Cordero Huerta, en el curso de la investigación presentaron elementos probatorios al Ministerio Público para justificar la demanda. Además, dijo que con base en el dictamen realizado por su equipo, el monto de indemnización por daño en propiedad privada es superior a 500 mil pesos, y de 50 mil pesos por afectaciones en parcelas.