En 2008, el gobierno de Felipe Calderón instrumentó un plan para contrarrestar el robo de hidrocarburos.
Con un error inocente o calculado: dotó de información estratégica sobre la red de ductos de Pemex a
gobernadores y alcaldes. Como resultado, el saqueo se multiplicó por 400. Lejos de corregir la estrategia,
la administración de Enrique Peña Nieto bajó esa información a policías locales. Esta es la historia del
concierto de intereses que nadie quiere atajar.
EL HOMBRE habla sin miramientos. “Este negocio no lo van a parar porque hay muchas ganancias
y muchos intereses desde dentro de Pemex”. Es poseedor de una franquicia como gasolinero desde hace
una década, así que asegura conocer el negocio perfectamente bien. Son los mismos años que tiene expendiendo combustible legal, y del que le suministran los “huachicoleros”, el nombre con el que hoy se reconoce a los piratas que saquean la red de gasoductos de la paraestatal.
Los empresarios como él se dicen entre la espada y la pared: saben que sus compras de hidrocarburos robados fomentan el mercado negro, pero se excusan argumentando que, de manera forzada, debieron alinearse con grupos como Los Zetas y La Familia Michoacana. Venden los refinados sustraídos vía tomas clandestinas y también pipas completas que salen de las terminales de almacenamiento y reparto de Pemex, o que han sido extraídos en bidones que rellenan pobladores de las zonas por donde cruzan los ductos.
Aunque cada vez proliferan más expendios clandestinos de frontera a frontera del país, la mayor parte
de lo que se sustrae ilegalmente de Pemex aún se comercializa en las gasolineras autorizadas como franquicias, y se vende a los consumidores a través de las propias bombas autorizadas.
Los dueños de las franquicias que inicialmente se negaron a comercializarlos fueron blanco de ataques con
granadas e incendios y ellos, o algunos de sus familiares, fueron víctimas de secuestros o “levantones”. Ante la inacción gubernamental para protegerlos, “hoy nadie les dice que no”, refiere el mismo empresario que acepta la entrevista con Newsweek en Español a cambio de salvaguardar su identidad.
Integrantes de distintos grupos criminales o sus familiares tienen también sus propias franquicias gasolineras que, al mismo tiempo, les sirven como centro de lavado de dinero. Uno de los ejemplos más
claros de este esquema son las estaciones de Juan Manuel Muñoz Luévano, el Mono, en Coahuila y Durango. El Mono Muñoz, vinculado por autoridades europeas y estadounidenses al lavado de dinero de
Los Zetas, era también de los principales compradores de hidrocarburos ordeñados, y a su vez, “huachicolero”. El franquiciatario está detenido en Madrid desde marzo de 2016, no solo acusado de lavado de dinero, sino también de tráfico de drogas, y será extraditado a Estados Unidos para ser juzgado por esos delitos.
No es poco frecuente que existan gasolineras a nombre de familiares de los narcotraficantes o de testaferros. La comercialización a través de franquicias de Pemex de hidrocarburos robados implica
delitos adicionales como evasión fiscal, lavado de dinero y fraude comercial.
Las franquicias oficiales son receptáculo de buena parte de los 23,500 barriles de refinados que cada
24 horas se le ordeñan a Pemex desde tomas clandestinas. Apenas en abril, la Unidad de Inteligencia.
