Ubicado en la colonia Doctores, el Instituto Universitario Interamericano Progresa se promociona como una escuela barata y con planes de estudio flexibles. “Déjese de preocupar por los altos costos de las colegiaturas y el tiempo para estudiar…, hemos diseñado para usted que trabaja: Licenciaturas Ejecutivas flexibles, que no interfieren con su trabajo ni con su familia, y colegiaturas que sí puede pagar sin sacrificar su economía”, señala la publicidad en internet del plantel.
El instituto imparte las licenciaturas Derecho y Pedagogía; de ellas, sólo la primera cuenta con Registro de Validez Oficial de Estudios (RVOE). Según la información proporcionada por la recepcionista del lugar, los planes curriculares son cuatrimestrales, el costo es de mil 200 pesos mensuales y ambas carreras cuentan con titulación directa.
A pesar de que una de sus dos licenciaturas fue validada por la autoridad educativa, las instalaciones distan mucho de las de una universidad: un edificio que originalmente fue construido como casa habitación y departamentos que se han ido acondicionando a las necesidades del plantel.
Como ésta, muchas escuelas operan en el país. Cifras oficiales, señalan que por cada institución de educación superior pública creada en la última década se abrieron 2.9 particulares.
El Cuarto Informe de Labores de la Secretaría de Educación Pública indica que entre 2000 y 2010, el número de instituciones de educación terciaria -incluido posgrado- aumentó de más de cuatro mil a 5 mil 981.
Según la dependencia, de las mil 932 escuelas que se crearon, mil 285 fueron particulares. Los estados con el mayor aumento son Veracruz, Jalisco, Michoacán, Chiapas, Sonora, Puebla y Chihuahua.
El doctor en Ciencias Políticas, Guillermo Elías Treviño, señala que otro elemento que ha contribuido a la proliferación de escuelas de dudosa calidad es el limitado crecimiento de la matrícula pública.
“Un elemento tiene qué ver con el estancamiento o el crecimiento lento del sector público; es decir, la demanda está creciendo a una velocidad determinada; sin embargo, el sector público no está creciendo a esa velocidad, esto no quiere decir que no esté creciendo, está creciendo, pero no suficientemente para absorber la creciente demanda existente, entonces lo que hay es que el sector privado se convierte en una llave de escape para aligerar la presión de la demanda”, afirma el doctor.
Actualmente no existen cifras oficiales sobre el número de jóvenes rechazados por el sector público, pero los datos disponibles muestran que en cada ciclo escolar la cifra aumenta.
La tesis de Elías Treviño indica que las tasas de rechazo de por lo menos 13 de las universidades públicas más importantes del país se incrementaron sistemáticamente desde 1998 hasta 2008.
Los casos más sobresalientes son los de las universidades autónomas de Sonora y Colima. Según la investigación, cuyas cifras fueron obtenidas a través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, en 1998 la Universidad Autónoma de Sonora registraba una tasa de rechazo de 0 por ciento, una década después ascendió a más de 13 por ciento; en el mismo lapso de tiempo la tasa de rechazo de la Universidad Autónoma de Colima aumentó de 14 a 36 por ciento.
Esto, a pesar de que en la última década, el número de estudiantes que concluyeron el bachillerato aumentó de 604 mil 841 a 908 mil 510.
En estos planteles estudia 33 por ciento de la matrícula de educación superior del país. Datos de la SEP muestran que el número de alumnos del sector particular aumentó de más de 657 mil a 918 mil 500 en el ciclo 2009-2010.
Un alto porcentaje de jóvenes cursa planes de estudio que no han sido evaluados por la autoridad educativa.
El estudio De la privatización a la mercantilización de la educación superior, realizado por investigadores de la Academia Mexicana de Ciencias, señala que alrededor de 90 por ciento de las instituciones particulares no cuentan con certificación de calidad, lo que significa que operan sin evaluación o supervisión de alguna autoridad.
En el documento La educación superior en México: avances, rezagos y retos, publicado en febrero pasado en la página en internet de la SEP; el subsecretario de Educación Superior, Rodolfo Tuirán, reconoce que más de la mitad de los planes de estudio del sector privado se imparten sin controles de calidad.
“Dos de cada tres programas de instituciones particulares no han sido sometidos a procesos de evaluación externa ni cuentan con prácticas de aseguramiento de calidad”, expresó.
No obstante, en un documento entregado la semana pasada, el subsecretario asegura que la SEP desconoce el porcentaje de instituciones que no cuentan con Registro de Validez Oficial de Estudios, el reconocimiento que otorgan las autoridades educativas federal y estatales a los planes de estudio que cumplen con las características pedagógicas y de infraestructura básicas.
El funcionario afirma que la SEP lleva un control estricto de las instituciones que cuentan con el registro oficial, pero no de aquellas que operan sin dicho reconocimiento.
“Se desconoce, por la naturaleza misma de este fenómeno, el porcentaje de instituciones que no cuentan con RVOE. La SEP lleva a cabo un control estricto de instituciones que operan programas con RVOE (federal o estatal), no de aquellas que imparten programas sin Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios”, sostiene el funcionario.
Tuirán informó que hasta diciembre de 2010 estaban vigentes en el país más de 25 mil programas de estudio con reconocimiento oficial; de ellos, más de 54 por ciento fueron otorgados por la autoridad federal, cerca de 44 por ciento por la estatal y menos de 2 por ciento por las universidades autónomas autorizadas.
Axel Didriksson, uno de los primeros académicos que alertó sobre el sistemático crecimiento de las escuelas de dudosa calidad, señala que el objetivo de estos planteles es atraer de manera masiva a jóvenes que no logran ingresar a las universidades públicas y no pueden pagar un lugar en las privadas de prestigio.
Para ello, agrega el investigador del Centro de Estudios sobre la Universidad de la UNAM y ex secretario de Educación del DF, establecen colegiaturas económicas y prometen entregar títulos en tres años o menos, a cambio de instalaciones que no cuentan con la infraestructura necesaria, docentes poco capacitados y una oferta educativa saturada en el mercado laboral.
El Anuario Estadístico 2008-2009 de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior indica que más de 62 por ciento de la matrícula del sector particular se concentra en carreras relacionadas con el área de conocimiento de sociales y administración.
La razón, explica Didriksson, es que la enseñanza de carreras como Administración, Ciencias Políticas, Comercio Internacio-nal, Contabilidad, Derecho o Mercadotecnia les resulta “económica”, pues no requieren de una infraestructura sofisticada -como laboratorios, por ejemplo- o docentes sumamente preparados para impartirlas.
El académico sostiene que la inexistencia de mecanismos eficientes de evaluación y supervisión por parte de las autoridades federales y locales se ha convertido en un caldo de cultivo para la creación desmedida de escuelas poco serias.
“De manera contundente no existe regulación en México para las instituciones privadas, el otorgamiento del denominado RVOE es eso, un registro de validación a una empresa que debe cumplir con algunos requisitos, estándares mínimos: tantas carreras, si tiene aulas, una biblioteca, lo más elemental que puede darse hasta en una casa de dos o tres pisos que tiene un patio; eso no es regulación”, advierte.
