Al crearse el estado en Hidalgo, el 16 de enero de 1869, uno de los retos de la naciente entidad federativa fue dar continuidad a los procedimientos judiciales pendientes en los distritos reubicados en este territorio y, desde luego, resolver las causas recurridas ante el Tribunal Superior, procedentes de la nueva jurisdicción estatal. El primer paso fue ratificar los límites de los distritos existentes en el antiguo Estado de México y confirmar a las autoridades que operaban en ellos.

En un segundo momento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4º transitorio del Decreto de Creación del Estado de Hidalgo, el gobernador Doria designó un cuerpo de magistrados de carácter provisional para integrar un Tribunal Superior Transitorio, que se encargaría que resolver de inmediato los recursos pendientes.

A las 10 de la mañana del 2 de marzo de 1869, señala el Periódico Oficial del Estado del día siguiente, se instaló el Tribunal Superior de Justicia, “bajo la presidencia del C. Lic. Juan Benavides y los C.C. licenciados Telesforo Barroso y Luis Guerrero, (ya que aún) no habían llegado los C.C. Modesto Herrera y (n) Arteaga”. Integrado aquel órgano provisional de justicia, se mandaron recoger 400 causas pendientes de resolución que, entregadas sin dilación por el Tribunal Superior del Estado de México, fueron tramitadas con apego a la legislación de aquella entidad, como lo preceptuó el primer artículo transitorio del decreto fundacional. En su informe, el gobernador Doria encomió la labor de aquel cuerpo jurisdiccional del que dijo: “con una actividad y laboriosidad digna de todo elogio, se ha ocupado del despacho de los 400 asuntos enviados por el Tribunal del Estado de México.

Aquel tribunal provisional se instaló en la porción frontal del edificio del antiguo templo de la Santa Veracruz –ubicado al oriente de la hoy plaza Pedro María Anaya, en Pachuca– que, a la postre, fue la sede definitiva del Poder Judicial del Estado hasta diciembre de 1886. Tras la celebración de los primeros comicios, el 2 de mayo de 1869 fue electo el Congreso Constitucional, quien de inmediato sancionó la elección del Antonino Tagle como gobernador de la entidad a partir del 28 de mayo siguiente.

En ejercicio de sus facultades constitucionales, Tagle procedió a nombrar con aprobación de la Legislatura a los magistrados que integrarían constitucionalmente al Primer Tribunal Superior, lo que se consigna en el decreto de 2 de julio de 1869, en el cual se aprobaron los nombramientos de los abogados Francisco de Asís Osorio, Juan Benavides, Modesto Herrera, Lino Beltrán, Lino Bulman y Pedro Montes de Oca, así como de Mariano Botello, en calidad de fiscal del propio Tribunal, los que fueron citados el jueves 15 de julio de ese mismo año, a fin de rendir la protesta de ley.

Se deduce que el nuevo cuerpo de magistrados debió reunirse en los días subsecuentes, a efecto de elegir de entre ellos a quien debería fungir como presidente y representante del Poder Judicial del estado, cargo que recayó en el licenciado Francisco de Asís Osorio, lo que comunicaron al gobernador y solicitaron fuera sancionado por el poder Legislativo, como se aprecia en el decreto promulgado el 21 de julio de ese mismo año.

Es interesante observar que la figura del “fiscal” como funcionario incorporado al Supremo Tribunal tenía como atribución vigilar la marcha administrativa de los procesos y la conducta de todo funcionario judicial, así como representar al estado –fisco– en todo asunto en el que hubiere interés jurídico del gobierno, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 75 de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimientos del Estado de México, promulgada por el gobernador provisional de esa entidad, el hidalguense Cayetano Gómez Pérez, el 11 de julio de 1868, declarada vigente en Hidalgo por el artículo 1º transitorio, del decreto fundacional de la entidad.

Si se observa con detenimiento, muchas de las atribuciones del “fiscal” de aquel primer Tribunal Superior de Justicia contienen muchas semejanzas con las atribuciones hoy conferidas al Consejo de la Judicatura, en relación con la marcha del trabajo tanto jurisdiccional y administrativo en los juzgados de primera instancia y en el propio tribunal de alzada.

Finalmente, debe recordarse que el primer presidente del Tribunal Superior, el licenciado Francisco de Asís Osorio, desempeñó tal cargo hasta el 28 de enero de 1872, fecha en que fue designado gobernador provisional del estado, al decretar el presidente Juárez a la entidad en “estado de sitio” y suspender al gobernador Tagle en sus funciones, Osorio ocupó de manera interina la gubernatura hasta el 2 de agosto de ese año, al regresar Tagle a su cargo.

Durante ese lapso, el Congreso designó como presidente del Tribunal Superior al magistrado Modesto L. Herrera.

De acuerdo con el primer presupuesto aprobado al Poder Judicial hidalguense –cuyo monto alcanzó la suma de 64 mil 954 de aquellos pesos– el tribunal contaba con 7 magistrados y un fiscal en el Tribunal Superior, así como 14 jueces y 276 personas, entre secretarios de acuerdos, actuarios, mecanógrafas y personal de intendencia, en los 13 distritos judiciales que existían entonces.
La placa que ilustra este artículo corresponde a una vista de la plaza General Anaya en 1912, en la que se observa al antiguo edificio de la capilla de La Veracruz –primera sede del Poder Judicial– que en aquel año, era ocupado por las oficinas de don Francisco Landero y Cos.