32 maximatos
 
Hace (67) meses
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El terremoto de julio zarandeó todas las relaciones políticas que imaginábamos firmes. Tan enfático fue el deseo de cambio de los electores que muy poco de lo anterior queda en pie. Emerge una nueva presidencia, un nuevo sistema de partidos, una nueva dinámica legislativa. Novedades en las que, sin duda, aparecen sombras del pasado y atisbos de lo inédito. La política regional no podría mantenerse al margen de esa orden de cambio.
Se prepara una ocupación federal como no habíamos visto en décadas. Se ha resuelto la creación de jefaturas políticas en cada uno de los estados que pondrá en jaque el poder de los gobernadores. Más que embajadores serán procónsules: delegados del poder central que ejercerán tanto o más poder que quienes formalmente gobiernan. Por decisión del presidente electo se habrá formado en cada una de las entidades federativas una diarquía: dos poderes en un solo territorio. Uno tendrá el respaldo económico y político de un presidente de fuerza inusitada. Será el embudo por el que pasarán todos los apoyos del gobierno federal, dispensará todas las ayudas, será el único trasmisor de las peticiones locales. La atención pública del estado se desplazará naturalmente del palacio del ejecutivo local a la oficina del Jefe Político. El gobernador quedará, de inmediato, eclipsado por la aparición de este superdelegado presidencial. Conservará, naturalmente sus facultades y permanecerá en la misma oficina pero muy pronto será ridiculizado por la prensa. Los eventos del gobernador no despertarán interés. Los actores políticos harán fila para ser recibidos por el Jefe Político. Muy pronto aparecerá la burla. Será gobernador entre comillas. El personaje del poder verdadero mandará en frente.
Andrés Manuel López Obrador ha diseñado 32 maximatos. Lo ha hecho introduciendo una lógica particularmente perversa. Todos los procónsules que ha convocado son miembros de su partido. Todos son militantes destacados de Morena. Esa es la credencial que ha contado para convertirse en Delegado del Gran Poder. No ha importado la vocación económica del estado para escoger al representante idóneo, no se ha buscado empatar la experiencia profesional con los desafíos peculiares de la entidad. Lo que importa es la militancia. La ambición electoral en cada uno de ellos es obvia, inocultable. Se dedicarán a cultivar lealtades y a formar partido. ¿Es aceptable ese criterio como lógica de reclutamiento administrativo? ¿No conocemos bien cuáles son los capítulos siguientes de ese cuento?
Con el sometimiento de los poderes locales, el presidente López Obrador no solamente fortalecerá su poder, sino que habrá instaurado un principio de confusión y de irresponsabilidad muy peligroso para la marcha de la gestión pública. ¿Quién rendirá cuentas cuando las cosas vayan mal? Habrá dado también un golpe severísimo al sistema federal al someter a las autoridades electas al imperio de un delegado que solamente responde al presidente de la república. Ya hicimos el experimento. Durante este sexenio se ocuparon las instituciones de Michoacán a través de un comisionado federal con amplios poderes y abundantes recursos. Fue un desastre. Hoy se busca repetir ese experimento en todos y cada uno de los estados. Si el anuncio de López Obrador no ha causado un escándalo es porque no hay defensores del federalismo. No puede haberlos. ¿Quién asomaría la cara para defender la satrapía de nuestros gobernadores? Solamente el gobernador electo de Jalisco ha alzado la voz para denunciar la amenaza. Los grandes escándalos de los últimos años han incubado ahí, en la licencia de las autonomías. No hay duda: urge modificar el arreglo federal pero no parece que la opción lopezobradorista vaya en el camino correcto.
Es importante denunciar también la reacción de quienes en los gobiernos locales se resisten a aceptar la derrota. Imponen nombramientos transexenales que pretenden mantenerlos a salvo de cualquier rendición de cuentas. Debilitan, como en Sonora, a la legislatura y congelan el texto de la constitución para que la nueva mayoría no ejerce a plenitud sus responsabilidades constitucionales. Los perdedores tienen también una responsabilidad. Aceptar que los votantes decidieron el castigo, gobernar desde la minoría.

http://www.reforma.com/blogs/silvaherzog/

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