“El hecho de que el mercado no haga lo que queremos no es razón para suponer que el gobierno lo hará mejor.”
Thomas Sowell

Los políticos nunca descansan en su esfuerzo por deteriorar la calidad de vida de la población. Lo vemos en la iniciativa de Morena para prohibir la “privatización del agua”. La propuesta la presentó el propio presidente de la mesa directiva del Senado, Martí Batres, quien al parecer quiere dejar sin agua a grandes masas de la población.
Dice Batres que pretende impedir la “privatización del agua”, pero la Constitución federal ya establece que la propiedad de “las aguas. corresponde originalmente a la Nación”. Su propuesta no se limita a repetir lo que dice el artículo 27, sino que establece que “el financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica serán públicos” y “sin fines de lucro”. Prohíbe “la celebración de contratos con particulares, así como el otorgamiento de concesiones totales o parciales para operar, conservar, mantener, rehabilitar, modernizar o ampliar la infraestructura y la prestación de los servicios asociados a ésta”.
La iniciativa no impide la “privatización del agua”, sino las inversiones privadas en infraestructura o administración del agua. Ni siquiera un financiamiento privado sería aceptable, porque tendría fines de lucro. ¿Beneficia esto a los gobernados? Para nada. Más bien crea obstáculos para proporcionar un buen servicio de agua.
La propuesta abreva de los mismos prejuicios ideológicos que se plasmaron en la Constitución de la Ciudad de México, que estableció que “la gestión del agua será pública y sin fines de lucro”. Los daños de un monopolio tardan usualmente años en manifestarse, pero la Ciudad de México ya está sufriendo las consecuencias en el caso del agua.
El Sistema de Aguas iba a recibir una inversión de 8,125 millones de pesos; pero, en palabras del director Ramón Aguirre Díaz, “Redactaron en la Constitución: ‘Este servicio no podrá ser privatizado’ y ya no puedes contratar el servicio. Se acabó el proyecto”. El plan Eficiencia Física y Comercial preveía la contratación de empresas especializadas para construir 22 plantas potabilizadoras e instalar controles automatizados y de telemetría en 430 pozos, entre otras tareas. ¿Qué estrategia queda para enfrentar la creciente escasez de agua? “No hay estrategia. La que se iba a hacer estaba basada en el proyecto de un contrato contra resultados, pero como se redactó la Constitución ya no se pudo implementar.” La jefa de gobierno electa, Claudia Sheinbaum, dice que entregará 7 mil millones de pesos adicionales al sistema, pero no dice de dónde los sacará.
Batres no está satisfecho con la escasez de agua en la Ciudad de México, quiere extenderla al resto del país. En varias ciudades se han hecho trabajos de reparación, mantenimiento y construcción de redes y plantas de tratamiento con inversión privada. Empresas privadas han realizado también cobros de manera eficiente y en algunos casos han asumido la administración de sistemas de agua completos con resultados positivos. La Ley Batres haría que incluso los sistemas más exitosos tuvieran que suspender su operación para entregarla a burocracias gubernamentales.
Batres actúa bajo el prejuicio de que la iniciativa privada es por definición más ineficiente y corrupta que el gobierno. Está convencido de que el “lucro” es malo por definición. Son simples prejuicios ideológicos, pero al prohibir la inversión privada en agua puede provocar una escasez permanente en el país. Quizá sea por ignorancia, pero también puede ser su objetivo político.

Pero en petróleo.
Batres prohíbe la inversión privada en agua, pero Andrés Manuel López Obrador dice que en diciembre reanudará las licitaciones de concesiones petroleras. No todos en Morena son tan cerrados.